12 de abril de 2017

De paros, marchas, violencias, intolerancias, memorias y otras yerbas



ARGENTINA SUMA  VARIOS CONFLICTOS SOCIALES A LA CRISIS ECONÓMICA 

No es solamente la economía. Es también la violencia institucional, la estigmatización de los más pobres, la violencia de género, la no aceptación del distinto, los debates históricos inconclusos. Un conjunto de conflictos que subyace a la problemática más urgente y cotidiana, pero que genera una situación social de creciente tensión e incierto desenlace. 

Por Marcelo R. Pereyra  

Los enemigos 

Los argentinos nunca hemos vivido en un amable y pacífico paraíso. Como todo país en desarrollo y dependiente, la Argentina se ha construido sobre la base de la distribución desigual de la renta y de la violencia estatal necesaria para garantizar la inequidad social y económica. Desde que el país ingresó de pleno al sistema capitalista, hacia fines del siglo XIX, han existido innumerables luchas sindicales y sociales para tratar de obtener un pedazo más grande la torta distributiva. Desde el poder de turno esas luchas siempre fueron reprimidas con mayor o menor dureza gracias a la gentil colaboración de las policías y el ejército. De principios del siglo XX hay dos ejemplos para tener en cuenta: la Semana Trágica y los fusilamientos de los obreros rurales de la Patagonia, ambos acontecimientos ocurridos durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, un político que siempre fue reivindicado como “nacional y popular”.

Las clases burguesas y propietarias también defendieron sus privilegios y sus intereses con leyes represivas, como la de Residencia, de 1906, o los edictos policiales que facultaban a la policía a detener a una persona sin orden judicial. Pero quizás la operación más exitosa de los poderosos para neutralizar a los rebeldes y disconformes ha sido la de crear un aparato discursivo que les ha permitido consolidar y reproducir su poder de dominación. En efecto, se trata de un ramillete de “ideas-fuerza” que tiende a deslegitimar a los protagonistas de la protesta social con distintos  argumentos según el contexto histórico que se trate. Así, por ejemplo, cuando las luchas obreras de principios del siglo XX, fogoneadas por sindicalistas comunistas, socialistas y anarquistas, la mayoría de ellos europeos, se fomentó la idea de que los extranjeros eran todos terroristas pone bombas. Más tarde, en octubre de 1945, la marcha que se organizó en Buenos Aires para reclamar por la libertad de Juan Perón fue descripta como un “desfile vocinglero”, en el que  “agrupaciones de elementos (…) han recorrido las calles dando vítores a ciertos ciudadanos y, en esta ciudad, acamparon durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaron antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba ese procedimiento”  (La Nación, 18-10-1945). Por último, en mayo de 1969,  los obreros y estudiantes  que protestaron contra la dictadura militar fueron descriptos como “grupos subversivos” (Crónica, 29-5-69, 1ra edición). 

Palos para todos y todas 

En marzo de 2017 los enemigos del gobierno de Mauricio Macri, fiel representante de los intereses empresariales más conspicuos, son los docentes, los movimientos sociales y los gremios controlados por la CGT. Los primeros reclaman por sus salarios –algo que ya es un clásico anual en cada comienzo de clases-, relegados históricamente al mísero subsuelo en el que habita la educación pública en todos sus niveles. Ningún gobernante de los últimos cincuenta años ha hecho gran cosa por rescatarla de ese aciago lugar. Por el contrario, todos ellos han hecho mucho por hundirla más aun otorgando generosos subsidios a la educación privada, especialmente a la de raíz católica, y autorizando con fervorosa generosidad la creación de universidades privadas. Baste recordar como ejemplo la graciosa donación de costosísimos terrenos en Puerto Madero a la Universidad Católica Argentina por parte del ex presidente Carlos Menem.

Claro que, como en toda lucha gremial, hay en juego intereses políticos personales y grupales. Roberto Baradel, por caso, el contundente dirigente de SUTEBA aspira a lograr una banca de legislador y/o un lugarcete en la conducción de las CTA unificadas (la reconciliación de los ex archienemigos Yasky y Micheli es uno de los mayores méritos de Mauricio Macri). Pero apetitos personales aparte, Baradel y sus adláteres juegan, al igual que otros gremialistas, el juego que más les gusta: debilitar a un gobierno no peronista. Les asiste la razón en sus reclamos, pero exhiben hoy una iracundia que durante el kirchnerato parece que se les extravió. Por su parte, el gobierno les contesta con descortesía: va a descontarles a los docentes los días de paro y apelando a la fuerza les impidió la instalar una estructura en la plaza de los Dos Congresos.

Mucho más conciliadores son los muchachos de la CGT. Amagaron y amagaron con un paro general hasta que no tuvieron más remedio que decretarlo. Los argumentos cegetistas fueron algo imprecisos, pero tampoco hacía falta más: cualquiera puede verificar que la situación económica general no ha mejorado en los dieciséis meses de administración macrista. Muy por el contrario, ha empeorado de manera alarmante. Un treinta por ciento de la población bajo la línea de pobreza exime de hacer más comentarios. La promesa presidencial de “pobreza cero” no fue más que una de esas frases de campaña que, como los amores de estudiantes, son flor de un día. Recuérdese, en este sentido, la “revolución productiva” y “el salariazo” de Menem. Como quiera que sea, los dirigentes llamaron a la primera huelga general. El paro en el transporte determinó un gran ausentismo. Los medios oficialistas recalcaron que hubiese sido mucho mayor la asistencia de obreros y empleados de haber podido ellos trasladarse. Es una mera especulación. Tal vez hubiesen ido los que están en mejor situación económica. Tal vez. Por otra parte, la discusión sobre el alcance mayor o menor de la huelga debe restringirse a las grandes ciudades y sus alrededores. En las ciudades más pequeñas y en los pueblos casi no hay repercusión: la vida y sus conflictos se viven de otra manera.

Por último, los más odiados por las clases medias y altas urbanas: los piqueteros de los movimientos sociales. Se asiste a un verdadero rebote de la furia anti piquete que parecía haberse calmado en los últimos tiempos. Quizá haya sido que hubo muchos cortes en los últimos meses o quizá los integrantes de estas clases consideran que a “su” gobierno no se le deben hacer piquetes, pero por lo que fuere periodistas y ciudadanos respetables venían reclamando mano dura con los piqueteros. Y  la consiguieron, tanto el día de la huelga general como con los docentes en Congreso. Es que, aguijoneado por los medios y los respetables ciudadanos –que sólo les importa que los dejen ir trabajar para ganar un salario miserable- el gobierno, que hasta el momento se había mostrado bastante cauto, dio comienzo a una peligrosa escalada represiva. 

Marchas para todos y todas 

El 8 de marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, se organizó una manifestación en la que centralmente se reclamó por el cese de la violencia contra las mujeres. Con alarmante frecuencia están ocurriendo femicidios y violaciones frente a un gobierno que no atina a dar forma a medidas de prevención, educación y capacitación. En cambio, los funcionarios y cierto periodismo “anti garantista” prefieren caerles a los jueces que pronuncian sentencias consideradas leves, o que otorgan la excarcelación anticipada a violadores. En el caso de Micaela García resultó muy conveniente echarle toda la culpa al juez que liberó a su supuesto asesino -en un decisión discutible pero legal-, pero a los varones no nos resulta tan fácil hacernos cargo de nuestro propio machismo; tampoco le es fácil al periodismo asumir su violencia simbólica ("Una chica no puede andar sola a las 5 de la mañana, dijo Samuel Gelblung; el novio "no le perdonó la infidelidad con un compañero de militancia", se escribió en Clarín). Qué fácil es desde el gobierno pedir que sancionen al juez. Pero las necesarias políticas públicas de educación en la igualdad de los géneros y de prevención de la violencia hacia las mujeres brillan por su ausencia. La violencia de género no es un problema de leyes, jueces o policías. Es un problema cultural. Es el resultado de un sistema social que santifica y convalida la superioridad masculina y denigra la condición de las mujeres.

El 24 de marzo una nueva marcha conmemoró el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Son notables las discusiones que se generan cada vez que se alude a aquel doloroso pasado de los años setenta. Por ejemplo, todavía hay quienes cuestionan el número de desaparecidos y todavía hay quienes reivindican la lucha armada. En el primer caso la evidente intención es deslegitimar la verdadera naturaleza del plan criminal que implementaron los milicos y sus padrinos civiles. El número de 30.000 desaparecidos no importa si es verdadero o no. Es un símbolo del terror ejercido contra un sector de la sociedad que mal o bien luchó por un país mejor. Y en tanto que símbolo debería ser respetado. En el segundo, sólo una profunda ceguera política es incapaz de reconocer que la lucha armada tiene efectos y funciones muy limitadas en un camino revolucionario. Salvo el caso de Cuba, nunca una guerrilla pudo implantar una revolución. De todas formas, lo interesante es advertir cómo en algunos sectores de la sociedad –ciertamente minoritarios- todavía hay debates que podrían suponerse ya cerrados, lo cual dice mucho de las diversas formas en las que funciona el ejercicio de la memoria, esto es, que no hay ningún relato absolutamente incuestionable y monolítico. En todo caso, cado uno/a cree en el relato quiere creer. En este marco, el nuevo obispo castrense al reclamar cárcel domiciliaria para los milicos asesinos, apropiadores de bebés y violadores, soslayó su responsabilidad criminal: "Si una persona mayor de las fuerzas armadas tiene el mismo derecho que otra en su condición, ¿por qué no dárselo? Por más que se haya equivocado gravemente tiene ese derecho. Aunque tampoco fueron todos, algunos no se han equivocado gravemente" (Clarín, 9-3-17).

Por último, el gobierno tuvo una significativa marcha a favor. Con la cola sucia, los días previos los funcionarios afirmaban que no la habían convocado ni alentado, pero cuando advirtieron que su magnitud era muy superior a la esperada se la apropiaron como un triunfo del oficialismo. Los diarios afines comenzaron a hablar de un “relanzamiento” de un gobierno que había recuperado “oxígeno” gracias al apoyo de los respetables ciudadanos. Esto del “relanzamiento” no es otra cosa que una operación de prensa: Macri & Cía. no se piensan mover un ápice de sus convicciones y seguirán gobernando para los que más tienen. Habrá que ver hasta cuándo. 

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