UNA EMPRESA CHINA EXTRAE PETRÓLEO DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA CON PERMISO DEL GOBIERNO JUJEÑO
El gobierno de Jujuy autorizó a una empresa china a explotar hasta el año 2037 el Yacimiento Caimancito, ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, algo que viola tres leyes nacionales: de Parques Nacionales (22.351), de Bosques Nativos (26.331) y de Hidrocarburos (17.319). Fuerte rechazo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, especialistas y dirigentes políticos.
Por Hernán L. Giardini
El Parque Nacional Calilegua fue creado con el fin de preservar un área representativa de la Selva Tucumano-Oranense, también conocida como “Yungas”, la cual constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la Selva Paranaense o Misionera. Calilegua es el único parque nacional de la provincia de Jujuy; y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña. Es una de las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas (UNESCO) y el hogar de la mitad de las especies de aves que habitan el territorio nacional.
A pesar de esto, la empresa china JHP tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Eduardo Fellner para explotar hicrocarburos en Calilegua, donde los primeros 6 años pretenden realizar 3 perforaciones nuevas e intervenir en 25 viejos pozos. Cabe señalar que la propia empresa advierte en su Estudio de Impacto Ambiental que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 20.000 hectáreas (una superficie equivalente al tamaño de la ciudad de Buenos Aires), y reconoce que la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua es ilegal: “La existencia y operación de un yacimiento petrolífero dentro de un Parque Nacional es una situación controvertida porque la Ley 22351 de creación de la APN prohíbe toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, las concesiones de uso y explotación mineras”.
En ese sentido, en julio de 2012 la Asamblea de Trabajadores del Parque Nacional Calilegua manifestó su rechazo: “la explotación petrolera que se desarrolla en el Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del área protegida, es una actividad ilegal; que genera grave contaminación y pasivos ambientales. Que esta situación inaceptable pone en peligro no sólo la integridad y conservación del Área Protegida, sino también la salud de las poblaciones vecinas y el agua potable que consumen. Que por ello debe cesar definitivamente la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Que este cierre debe realizarse aplicando un plan progresivo y ordenado que minimice el impacto social y ambiental”.
Frente el avance del proyecto de expansión petrolera por parte de JHP, en abril de 2014 los trabajadores advirtieron que el mismo “no pudo bajo ninguna circunstancia haber sido admitido factible de ser considerado para su Evaluación de Impacto Ambiental, sino que debió ser rechazado en todos sus términos por la inviabilidad legal de realizarlo en un área tutelada por la APN”.
Por su parte, en mayo de ese año la Asamblea General de la Nación Guaraní envió notas al gobernador de Jujuy y a la Administración de Parques Nacionales manifestando que “se opone al Proyecto de Perforación de Pozos Petroleros en el Área Protegida Parque Nacional Calilegua, por ser área de afectación de sus comunidades y exige que previo a cualquier trabajo de exploración, investigación o desarrollo en la zona, se realice el necesario proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previa e Informada a la Nación Guaraní y sus Comunidades de la región”.
Las comunidades indígenas advirtieron que “dicho emprendimiento afectará considerablemente el medio ambiente, la biodiversidad, habrá retroceso de especies silvestres, deforestación, degradación y disminución de la fertilidad del suelo, deterioro y contaminación de los recursos hídricos, desertificación, deterioro de ecosistemas como el bosque nativo, pastizales y contaminación ambiental etc. Y los mismos causaran graves problemas ambientales y sociales en la Región y por ende a la Nación Guaraní y sus Comunidades”.
Ese mismo mes, Greenpeace comunicó que “considera inadmisible que se continúe avanzando en el análisis de este proyecto por sus posibles impactos ambientales y la violación a la legislación vigente en Argentina que prohíbe tal actividad en áreas protegidas: Ley 17.319 de Hidrocarburos, Ley 22.351 de Parques Nacionales y Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En paralelo a la incompatibilidad de esta actividad en áreas protegidas, la extracción de hidrocarburos es parte de un modelo energético insostenible que ha llevado al clima global a un estado crítico, al ser la principal fuente de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático”.
Asimismo, en octubre de 2014 la XIV Asamblea Nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) elaboró un documento dirigido al gobernador de Jujuy, donde señalan su preocupación por la promoción que “en violación a derechos y garantías ambientales, en desmedro de las poblaciones, comunidades indígenas aledañas, dan al proyecto de desarrollo del Yacimiento Caimancito, operado por la empresa JHP de capital chino, para perforar nuevos pozos petroleros en un área protegida (Parque Nacional Calilegua) generando un pasivo ambiental, donde las aguas resultan contaminadas conforme diversos informes, que evidencia una flagrante violación a la Ley de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y Provincial así como los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás normas internacionales concordantes”.
“La contaminación que hoy afecta las aguas subterráneas y arroyos de nuestros pueblos merece la exigencia a Usted, como representante de la provincia, presidente del OFEMI y en poder de policía ambiental del que está investido, de que se cumpla los deberes de funcionario público, adopte las medidas, arbitre los medios y gestiones necesarias para lograr la debida protección del área ecológica siendo que afecta a la vida de los habitantes, el inmediato cese de las fuentes de contaminación y la correspondiente reversión y remediación de los pasivos ambientales ya existentes. Así mismo, el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, desarrollando un programa progresivo y planificado de cese de las actividades petroleras y el correcto sellado de los pozos petroleros, declare a su vez la emergencia sanitaria por la contaminación del agua en las localidades de Yuto y Caimancito”, reclamó ENDEPA.
Durante el mismo mes, la Administración de Parques Nacionales envió una nota al Secretario de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Producción de la Provincia de Jujuy manifestando que “considera inapropiada la propuesta elaborada por las empresas JEMSE S.E. y JHP INTERNATIONAL PETROLEUM ENGINEERING LTD. en la medida que la misma contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente”.
En noviembre de ese año la Asamblea de Trabajadores del Parque Nacional Calilegua denunció mediante un comunicado que se estaría considerando “la quita al Parque Nacional Calilegua de su sector de mayor valor de conservación, y así permitir la continuidad de la extracción petrolera en el Yacimiento Caimancito sin ningún control ni restricción. (...) Esta desafectación sentará un precedente legal terrible a la hora de resolver futuros conflictos socio ambientales”.
Pocos días después, la Administración de Parques Nacionales informó que “reitera que a través de la comunicación enviada el pasado mes de octubre a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy puso en conocimiento de la misma el rechazo a la propuesta presentada por las empresas sobre el yacimiento petrolero Caimancito, por resultar inapropiada. La decisión se sustenta en que la propuesta contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente, concretamente la Ley 22.351, de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente y la Ley de Explotación de Hidrocarburos. Asimismo, como ya se informó anteriormente, el pasado 29 de septiembre la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se constituyó como querellante para intervenir en la causa en la que se investiga la existencia de impacto ambiental provocado por las aguas surgentes del pozo petrolero “E-3” en la zona del Arroyo Yuto, fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, pero que lo afectan directamente”.
Por otro lado, en diciembre de 2013 el Diputado Nacional Mario Fiad y los Diputados Provinciales Manuela Cabello y Pablo Baca, junto a la Dra. Fernanda Yapur, presidenta de la Fundación Pámpanos, presentaron en los tribunales jujeños una acción de amparo ambiental contra la explotación petrolera ilegal en el Parque Nacional Calilegua. Los legisladores solicitaron el cese inmediato de la actividad hidrocarburífera y la remediación de los pasivos ambientales en el área protegida nacional y el cierre y remediación del Pozo Ca. e - 3, lindero al parque, que contamina el arroyo Yuto, el cual ingresa a Calilegua y desemboca en el río San Francisco. Además denunciaron la posible contaminación de agua para consumo humano en la localidad de Caimancito y áreas cercanas. En junio de 2014 el Juzgado Federal N° 1 de Jujuy rechazó “in límine” el amparo presentado. Luego los legisladores insistieron ante la Cámara de Apelaciones en la Provincia de Salta; la cual hizo lugar al pedido en octubre de ese año, revocando el rechazo de la Justicia jujeña y ordenando “la devolución de los autos a la instancia anterior a fin de que el a quo imprima el trámite correspondiente”. De esta forma, el amparo está nuevamente en manos de la Justicia de Jujuy a la espera de una resolución.
La semana pasada más de setenta organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, manifestaron su “rechazo a la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua" y advirtieron que “la zona noreste del Parque Nacional Calilegua, donde se encuentra el Yacimiento Caimancito, es uno de los pocos corredores que quedan entre la Selva de Yungas y el Bosque Chaqueño”, por lo que solicitaron “a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata cancelación de las actividades hidrocarburíferas dentro del área protegida y la remediación de los pasivos ambientales”.
A pesar de la evidente ilegalidad y amplio rechazo a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, no se han remediado los pasivos ambientales y la empresa china sigue operando en el lugar y avanzando con sus planes de expansión.
http://revistacontracultural.blogspot.com.ar/
El gobierno de Jujuy autorizó a una empresa china a explotar hasta el año 2037 el Yacimiento Caimancito, ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, algo que viola tres leyes nacionales: de Parques Nacionales (22.351), de Bosques Nativos (26.331) y de Hidrocarburos (17.319). Fuerte rechazo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, especialistas y dirigentes políticos.
Por Hernán L. Giardini
El Parque Nacional Calilegua fue creado con el fin de preservar un área representativa de la Selva Tucumano-Oranense, también conocida como “Yungas”, la cual constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la Selva Paranaense o Misionera. Calilegua es el único parque nacional de la provincia de Jujuy; y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña. Es una de las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas (UNESCO) y el hogar de la mitad de las especies de aves que habitan el territorio nacional.
A pesar de esto, la empresa china JHP tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Eduardo Fellner para explotar hicrocarburos en Calilegua, donde los primeros 6 años pretenden realizar 3 perforaciones nuevas e intervenir en 25 viejos pozos. Cabe señalar que la propia empresa advierte en su Estudio de Impacto Ambiental que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 20.000 hectáreas (una superficie equivalente al tamaño de la ciudad de Buenos Aires), y reconoce que la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua es ilegal: “La existencia y operación de un yacimiento petrolífero dentro de un Parque Nacional es una situación controvertida porque la Ley 22351 de creación de la APN prohíbe toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, las concesiones de uso y explotación mineras”.
En ese sentido, en julio de 2012 la Asamblea de Trabajadores del Parque Nacional Calilegua manifestó su rechazo: “la explotación petrolera que se desarrolla en el Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del área protegida, es una actividad ilegal; que genera grave contaminación y pasivos ambientales. Que esta situación inaceptable pone en peligro no sólo la integridad y conservación del Área Protegida, sino también la salud de las poblaciones vecinas y el agua potable que consumen. Que por ello debe cesar definitivamente la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Que este cierre debe realizarse aplicando un plan progresivo y ordenado que minimice el impacto social y ambiental”.
Frente el avance del proyecto de expansión petrolera por parte de JHP, en abril de 2014 los trabajadores advirtieron que el mismo “no pudo bajo ninguna circunstancia haber sido admitido factible de ser considerado para su Evaluación de Impacto Ambiental, sino que debió ser rechazado en todos sus términos por la inviabilidad legal de realizarlo en un área tutelada por la APN”.
Por su parte, en mayo de ese año la Asamblea General de la Nación Guaraní envió notas al gobernador de Jujuy y a la Administración de Parques Nacionales manifestando que “se opone al Proyecto de Perforación de Pozos Petroleros en el Área Protegida Parque Nacional Calilegua, por ser área de afectación de sus comunidades y exige que previo a cualquier trabajo de exploración, investigación o desarrollo en la zona, se realice el necesario proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previa e Informada a la Nación Guaraní y sus Comunidades de la región”.
Las comunidades indígenas advirtieron que “dicho emprendimiento afectará considerablemente el medio ambiente, la biodiversidad, habrá retroceso de especies silvestres, deforestación, degradación y disminución de la fertilidad del suelo, deterioro y contaminación de los recursos hídricos, desertificación, deterioro de ecosistemas como el bosque nativo, pastizales y contaminación ambiental etc. Y los mismos causaran graves problemas ambientales y sociales en la Región y por ende a la Nación Guaraní y sus Comunidades”.
Ese mismo mes, Greenpeace comunicó que “considera inadmisible que se continúe avanzando en el análisis de este proyecto por sus posibles impactos ambientales y la violación a la legislación vigente en Argentina que prohíbe tal actividad en áreas protegidas: Ley 17.319 de Hidrocarburos, Ley 22.351 de Parques Nacionales y Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En paralelo a la incompatibilidad de esta actividad en áreas protegidas, la extracción de hidrocarburos es parte de un modelo energético insostenible que ha llevado al clima global a un estado crítico, al ser la principal fuente de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático”.
Asimismo, en octubre de 2014 la XIV Asamblea Nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) elaboró un documento dirigido al gobernador de Jujuy, donde señalan su preocupación por la promoción que “en violación a derechos y garantías ambientales, en desmedro de las poblaciones, comunidades indígenas aledañas, dan al proyecto de desarrollo del Yacimiento Caimancito, operado por la empresa JHP de capital chino, para perforar nuevos pozos petroleros en un área protegida (Parque Nacional Calilegua) generando un pasivo ambiental, donde las aguas resultan contaminadas conforme diversos informes, que evidencia una flagrante violación a la Ley de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y Provincial así como los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás normas internacionales concordantes”.
“La contaminación que hoy afecta las aguas subterráneas y arroyos de nuestros pueblos merece la exigencia a Usted, como representante de la provincia, presidente del OFEMI y en poder de policía ambiental del que está investido, de que se cumpla los deberes de funcionario público, adopte las medidas, arbitre los medios y gestiones necesarias para lograr la debida protección del área ecológica siendo que afecta a la vida de los habitantes, el inmediato cese de las fuentes de contaminación y la correspondiente reversión y remediación de los pasivos ambientales ya existentes. Así mismo, el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, desarrollando un programa progresivo y planificado de cese de las actividades petroleras y el correcto sellado de los pozos petroleros, declare a su vez la emergencia sanitaria por la contaminación del agua en las localidades de Yuto y Caimancito”, reclamó ENDEPA.
Durante el mismo mes, la Administración de Parques Nacionales envió una nota al Secretario de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Producción de la Provincia de Jujuy manifestando que “considera inapropiada la propuesta elaborada por las empresas JEMSE S.E. y JHP INTERNATIONAL PETROLEUM ENGINEERING LTD. en la medida que la misma contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente”.
En noviembre de ese año la Asamblea de Trabajadores del Parque Nacional Calilegua denunció mediante un comunicado que se estaría considerando “la quita al Parque Nacional Calilegua de su sector de mayor valor de conservación, y así permitir la continuidad de la extracción petrolera en el Yacimiento Caimancito sin ningún control ni restricción. (...) Esta desafectación sentará un precedente legal terrible a la hora de resolver futuros conflictos socio ambientales”.
Pocos días después, la Administración de Parques Nacionales informó que “reitera que a través de la comunicación enviada el pasado mes de octubre a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy puso en conocimiento de la misma el rechazo a la propuesta presentada por las empresas sobre el yacimiento petrolero Caimancito, por resultar inapropiada. La decisión se sustenta en que la propuesta contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente, concretamente la Ley 22.351, de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente y la Ley de Explotación de Hidrocarburos. Asimismo, como ya se informó anteriormente, el pasado 29 de septiembre la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se constituyó como querellante para intervenir en la causa en la que se investiga la existencia de impacto ambiental provocado por las aguas surgentes del pozo petrolero “E-3” en la zona del Arroyo Yuto, fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, pero que lo afectan directamente”.
Por otro lado, en diciembre de 2013 el Diputado Nacional Mario Fiad y los Diputados Provinciales Manuela Cabello y Pablo Baca, junto a la Dra. Fernanda Yapur, presidenta de la Fundación Pámpanos, presentaron en los tribunales jujeños una acción de amparo ambiental contra la explotación petrolera ilegal en el Parque Nacional Calilegua. Los legisladores solicitaron el cese inmediato de la actividad hidrocarburífera y la remediación de los pasivos ambientales en el área protegida nacional y el cierre y remediación del Pozo Ca. e - 3, lindero al parque, que contamina el arroyo Yuto, el cual ingresa a Calilegua y desemboca en el río San Francisco. Además denunciaron la posible contaminación de agua para consumo humano en la localidad de Caimancito y áreas cercanas. En junio de 2014 el Juzgado Federal N° 1 de Jujuy rechazó “in límine” el amparo presentado. Luego los legisladores insistieron ante la Cámara de Apelaciones en la Provincia de Salta; la cual hizo lugar al pedido en octubre de ese año, revocando el rechazo de la Justicia jujeña y ordenando “la devolución de los autos a la instancia anterior a fin de que el a quo imprima el trámite correspondiente”. De esta forma, el amparo está nuevamente en manos de la Justicia de Jujuy a la espera de una resolución.
La semana pasada más de setenta organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, manifestaron su “rechazo a la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua" y advirtieron que “la zona noreste del Parque Nacional Calilegua, donde se encuentra el Yacimiento Caimancito, es uno de los pocos corredores que quedan entre la Selva de Yungas y el Bosque Chaqueño”, por lo que solicitaron “a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata cancelación de las actividades hidrocarburíferas dentro del área protegida y la remediación de los pasivos ambientales”.
A pesar de la evidente ilegalidad y amplio rechazo a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, no se han remediado los pasivos ambientales y la empresa china sigue operando en el lugar y avanzando con sus planes de expansión.
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