EL MUNDIAL
DE FÚTBOL PONE EN CRISIS SOCIAL A BRASIL
Las constantes manifestaciones al gobierno de Dilma Rouseff sobre la organización y los gastos ocasionados por el inminente mundial de fútbol redundaron en la suba del 6 al 10% del PBI para educación. Además miles de vendedores ambulantes fueron autorizados para trabajar durante el desarrollo de la copa del mundo en Brasil. Críticas a una administración que no dimensiona el futuro de Brasil cuando pare la pelota.
Por Marcelo J. Levy
La tristeza no tiene fin. Eso parece creer la inmensa mayoría de las clases populares que ven en esta contienda deportiva un despilfarro de recursos y acciones en su contra que no tiene vuelta atrás. Desalojos, represión, fin a la venta ambulante, muerte en los estadios, reales y más reales que se desvanecen en el aire por pedido de la FIFA.
El principal ataque al evento deportivo fue por las altas sumas invertidas por el Gobierno. Frente a las necesidades que se imponen en un país creciente pero empobrecido, la gigante erogación para poner a Brasil en condiciones mundialistas puso furioso a más de uno.
Se realizaron varias movilizaciones y convocatorias de repudio. La más significativa fue “Sin derechos no hay Copa”. A ella respondieron movimientos sociales y militantes de partidos políticos.
En la convocatoria en las redes digitales, los organizadores afirmaron que “el Estado brasileño gasta el dinero público para realizar la Copa de los ricos”. Allí señalaron que “en lugar de hospitales y camas, se construyeron estadios y gradas, y en lugar de comprar remedios, se hicieron inversiones millonarias en hospitales particulares y empresas privadas”.
Es por esto que el apoyo al evento deportivo más importante del mundo está siendo rechazado cada vez por más brasileños. Sólo 45 % de la población apoya su realización. Esto significa 5 puntos porcentuales menos que los registrados en febrero.
Quienes desaprueban el Mundial de Fútbol en Brasil pasaron de 39 a 44 % de los encuestados. Un 10 % de los consultados se mostró indiferente al acontecimiento. En el Nordeste se concentra el mayor índice de entusiastas, con 58 % de apoyo al Mundial contra 40 % de respaldo en el Sudeste del país.
Otro de los grandes problemas radica en los vendedores ambulantes. El comercio informal es una norma en Latinoamérica y Brasil no está exento de esto. Los límites que impone la FIFA, las reglamentaciones y protocolos desconocen la vida y la cultura de los países. Por ello el gobierno de Brasil en un primer momento había prohibido la venta callejera en zonas aledañas. Luego de esa medida, aumentaron las tensiones entre los trabajadores y las municipalidades con la cercanía del Mundial. El punto crítico es el establecimiento de las llamadas áreas de restricción comercial durante los eventos oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).Un día antes de los partidos y congresos de la entidad entran en vigor las leyes y decretos creados específicamente para la Copa del Mundo. Las Áreas de Restricción Comercial fueron definidas en la Ley General de la Copa, que atribuye a las Municipalidades sede la reglamentación de esos espacios. Estos procesos ya fueron completados en Brasilia, Fortaleza, Natal, Recife, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo.
El verdadero objetivo de la reglamentación es dar a la FIFA la posibilidad de conducir las actividades comerciales a las zonas de concentración de fanáticos. Esto busca garantizar la exclusividad comercial y publicitaria de los patrocinadores oficiales. En algunos casos, la aplicación de esta normativa llevó a la revocación de leyes municipales sobre comercio, publicidad y en relación a los trabajadores ambulantes.
A esto se suma que ocho trabajadores murieron en la construcción de los estadios mundialistas y las nutridas protestas de las distintas favelas por los desalojos. Este es el caso por ejemplo de los habitantes de la favela Metro Mangueira, que se negaron a abandonar sus casas.
Sus habitantes continuaron las protestas en rechazo a la demolición de viviendas por la próxima construcción de un complejo de entrenamiento que funcionará durante el Mundial de Fútbol. Están situados en las proximidades del estadio Maracaná de Río de Janeiro y conforman un grupo de de 46 familias que la alcaldía de la ciudad brasileña ordenó desalojar.
Hasta ahora, 566 familias que vivían en la barriada fueron retiradas del lugar, donde las autoridades instalaron un parque, un complejo comercial y un centro comunitario multimedia, conocido como Nave del Conocimiento.
Los trabajos de demolición comenzaron en 2010, cuando, según la Alcaldía, unas 600 familias fueron indemnizadas y realojadas en complejos residenciales de las zonas norte y oeste de la ciudad. Según la propia alcaldía, fueron removidas en cuatro años más de 20.000 familias de sus hogares. Los desalojados argumentan que no existe previsión de construcción de viviendas para las familias que son desalojadas de sus residencias. Quedan en la calle. Les ofrecen algo más de 15.000 reales, monto insuficiente para comprar alojamientos.
Río de Janeiro tiene la particularidad de que espera los juegos olímpicos para 2016. Esto profundiza la crisis habitacional, ya que tiene planificado desalojar miles de familias más hasta esa fecha. Muchos afirman que el objetivo de los desalojos es “limpiar el terreno” para las grandes obras de la especulación inmobiliaria para la clase medio y alta.
Los indígenas y la organización de los Sin Techo no quedaron exentos de las manifestaciones.
Aunque el Mundial se ha convertido en el blanco de todas las protestas, varios grupos tienen un calendario de movilizaciones que se repite haya torneo o no. La Movilización Nacional Indígena, por ejemplo, es una cita anual para reivindicar sus derechos, así como las huelgas de profesores y funcionarios se repiten cada cierto tiempo, con mayor frecuencia en año electoral.
Con este panorama y en los albores de la competición, el Ministerio de Defensa informó que el Ejército, la Marina y la Aeronáutica ya están listos para trabajar. Más de 150.000 efectivos de la fuerza de seguridad y militares se movilizarán por las calles de Brasil.
Se espera la participación de 100 mil agentes entre policías federales, de tránsito y peritos criminales en las tareas durante el Mundial, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia. Además de ellos, alrededor de 20 mil hombres trabajarán como seguridad privada, contratados por la FIFA y 57 mil serán militares. Según informaciones del Ministerio de Defensa, la inversión fue de casi 2 billones de reales en equipamientos, entrenamiento de personal e infraestructura.
Estas son las demandas de los sectores mas postergados que ven escurrir los dineros públicos en una competencia que ni la sienten propia. En un mes, Brasil volverá a ser Brasil. Sin mundial, pero con un tendal de conflictos que no se solucionaron y un gasto público inaudito.
REVISTA CONTRACULTURAL
Las constantes manifestaciones al gobierno de Dilma Rouseff sobre la organización y los gastos ocasionados por el inminente mundial de fútbol redundaron en la suba del 6 al 10% del PBI para educación. Además miles de vendedores ambulantes fueron autorizados para trabajar durante el desarrollo de la copa del mundo en Brasil. Críticas a una administración que no dimensiona el futuro de Brasil cuando pare la pelota.
Por Marcelo J. Levy
La tristeza no tiene fin. Eso parece creer la inmensa mayoría de las clases populares que ven en esta contienda deportiva un despilfarro de recursos y acciones en su contra que no tiene vuelta atrás. Desalojos, represión, fin a la venta ambulante, muerte en los estadios, reales y más reales que se desvanecen en el aire por pedido de la FIFA.
El principal ataque al evento deportivo fue por las altas sumas invertidas por el Gobierno. Frente a las necesidades que se imponen en un país creciente pero empobrecido, la gigante erogación para poner a Brasil en condiciones mundialistas puso furioso a más de uno.
Se realizaron varias movilizaciones y convocatorias de repudio. La más significativa fue “Sin derechos no hay Copa”. A ella respondieron movimientos sociales y militantes de partidos políticos.
En la convocatoria en las redes digitales, los organizadores afirmaron que “el Estado brasileño gasta el dinero público para realizar la Copa de los ricos”. Allí señalaron que “en lugar de hospitales y camas, se construyeron estadios y gradas, y en lugar de comprar remedios, se hicieron inversiones millonarias en hospitales particulares y empresas privadas”.
Es por esto que el apoyo al evento deportivo más importante del mundo está siendo rechazado cada vez por más brasileños. Sólo 45 % de la población apoya su realización. Esto significa 5 puntos porcentuales menos que los registrados en febrero.
Quienes desaprueban el Mundial de Fútbol en Brasil pasaron de 39 a 44 % de los encuestados. Un 10 % de los consultados se mostró indiferente al acontecimiento. En el Nordeste se concentra el mayor índice de entusiastas, con 58 % de apoyo al Mundial contra 40 % de respaldo en el Sudeste del país.
Otro de los grandes problemas radica en los vendedores ambulantes. El comercio informal es una norma en Latinoamérica y Brasil no está exento de esto. Los límites que impone la FIFA, las reglamentaciones y protocolos desconocen la vida y la cultura de los países. Por ello el gobierno de Brasil en un primer momento había prohibido la venta callejera en zonas aledañas. Luego de esa medida, aumentaron las tensiones entre los trabajadores y las municipalidades con la cercanía del Mundial. El punto crítico es el establecimiento de las llamadas áreas de restricción comercial durante los eventos oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).Un día antes de los partidos y congresos de la entidad entran en vigor las leyes y decretos creados específicamente para la Copa del Mundo. Las Áreas de Restricción Comercial fueron definidas en la Ley General de la Copa, que atribuye a las Municipalidades sede la reglamentación de esos espacios. Estos procesos ya fueron completados en Brasilia, Fortaleza, Natal, Recife, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo.
El verdadero objetivo de la reglamentación es dar a la FIFA la posibilidad de conducir las actividades comerciales a las zonas de concentración de fanáticos. Esto busca garantizar la exclusividad comercial y publicitaria de los patrocinadores oficiales. En algunos casos, la aplicación de esta normativa llevó a la revocación de leyes municipales sobre comercio, publicidad y en relación a los trabajadores ambulantes.
A esto se suma que ocho trabajadores murieron en la construcción de los estadios mundialistas y las nutridas protestas de las distintas favelas por los desalojos. Este es el caso por ejemplo de los habitantes de la favela Metro Mangueira, que se negaron a abandonar sus casas.
Sus habitantes continuaron las protestas en rechazo a la demolición de viviendas por la próxima construcción de un complejo de entrenamiento que funcionará durante el Mundial de Fútbol. Están situados en las proximidades del estadio Maracaná de Río de Janeiro y conforman un grupo de de 46 familias que la alcaldía de la ciudad brasileña ordenó desalojar.
Hasta ahora, 566 familias que vivían en la barriada fueron retiradas del lugar, donde las autoridades instalaron un parque, un complejo comercial y un centro comunitario multimedia, conocido como Nave del Conocimiento.
Los trabajos de demolición comenzaron en 2010, cuando, según la Alcaldía, unas 600 familias fueron indemnizadas y realojadas en complejos residenciales de las zonas norte y oeste de la ciudad. Según la propia alcaldía, fueron removidas en cuatro años más de 20.000 familias de sus hogares. Los desalojados argumentan que no existe previsión de construcción de viviendas para las familias que son desalojadas de sus residencias. Quedan en la calle. Les ofrecen algo más de 15.000 reales, monto insuficiente para comprar alojamientos.
Río de Janeiro tiene la particularidad de que espera los juegos olímpicos para 2016. Esto profundiza la crisis habitacional, ya que tiene planificado desalojar miles de familias más hasta esa fecha. Muchos afirman que el objetivo de los desalojos es “limpiar el terreno” para las grandes obras de la especulación inmobiliaria para la clase medio y alta.
Los indígenas y la organización de los Sin Techo no quedaron exentos de las manifestaciones.
Aunque el Mundial se ha convertido en el blanco de todas las protestas, varios grupos tienen un calendario de movilizaciones que se repite haya torneo o no. La Movilización Nacional Indígena, por ejemplo, es una cita anual para reivindicar sus derechos, así como las huelgas de profesores y funcionarios se repiten cada cierto tiempo, con mayor frecuencia en año electoral.
Con este panorama y en los albores de la competición, el Ministerio de Defensa informó que el Ejército, la Marina y la Aeronáutica ya están listos para trabajar. Más de 150.000 efectivos de la fuerza de seguridad y militares se movilizarán por las calles de Brasil.
Se espera la participación de 100 mil agentes entre policías federales, de tránsito y peritos criminales en las tareas durante el Mundial, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia. Además de ellos, alrededor de 20 mil hombres trabajarán como seguridad privada, contratados por la FIFA y 57 mil serán militares. Según informaciones del Ministerio de Defensa, la inversión fue de casi 2 billones de reales en equipamientos, entrenamiento de personal e infraestructura.
Estas son las demandas de los sectores mas postergados que ven escurrir los dineros públicos en una competencia que ni la sienten propia. En un mes, Brasil volverá a ser Brasil. Sin mundial, pero con un tendal de conflictos que no se solucionaron y un gasto público inaudito.
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