LA REPUTACIÓN DE LA
MULTINACIONAL DE LOS TRANSGÉNICOS EN SU PEOR MOMENTO
Mientras el poder de Monsanto en Argentina avanza con el proyecto gubernamental de una nueva Ley de Semillas confeccionada a su medida, aumentan las protestas por las evidentes consecuencias de un modelo agropecuario insostenible y por el proyecto de instalar de una planta de semillas transgénicas en Córdoba.
Por Hernán L. Giardini
En 1996 Argentina contaba tan sólo con 1 millón de hectáreas de soja, pero de la mano de Felipe Solá (por entonces a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación), Monsanto lograba la aprobación de la semilla de soja RR (genéticamente modificada para soportar al glifosato “Roundup”, un potente herbicida).
Por entonces se prometía que con los transgénicos se iba a “acabar con el hambre y con la deforestación”. Greenpeace y el Grupo de Reflexión Rural fueron las primeras organizaciones que se opusieron a su aprobación; pero no fueron escuchados por las autoridades.
Casi dos décadas después, el poder de Monsanto y de las multinacionales del agronegocio creció muchísimo: en nuestro país ya hay aprobadas 26 variedades de transgénicos, con más de 23 millones de hectáreas sembradas (sobre un total de 33 millones); mientras que el 100% del algodón, el 99% de la soja y el 92% del maíz que se produce es modificado genéticamente.
Los impactos de este modelo insostenible están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó considerablemente el uso de agroquímicos, varias poblaciones fueron fumigadas y sufrieron graves impactos en la salud, se contaminaron suelos y cursos de agua, se concentró la tenencia de la tierra, se desalojaron a miles de campesinos e indígenas, y se perdió soberanía alimentaria.
La sanción de la Ley de Bosques a fines de 2007 es una herramienta clave, además de la protección a ecosistemas vitales como los bosques nativos, para controlar la expansión de la soja transgénica en el país. No obstante, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades por falta de decisión política.
La expansión de los cultivos transgénicos ha incrementado, lógicamente, enormemente el uso de glifosato, especialmente en Estados Unidos, Brasil y Argentina (más del 70% de la producción mundial de cultivos transgénicos está concentrada en estos tres países).
El mercado global de semillas y plantas es controlado en un 70% por tan sólo 10 empresas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer, quienes buscan patentar todas las variedades posibles de plantas, especies y genes.
La lucha de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas contra el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques y su gente; la resistencia a la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Córdoba; y el rechazo del movimiento campesino-indígena contra la nueva Ley de Semillas han contribuido muchísimo a difundir el impacto de los transgénicos y el control de las corporaciones, como Monsanto, sobre nuestros alimentos.
Argentina debe abandonar el modelo de Monsanto y construir un modelo agrícola ecológico, sin agroquímicos ni cultivos transgénicos, que proteja a los alimentos y a los productores agrícolas de las corporaciones, y que garantice el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos fueron modificados genéticamente.
REVISTA CONTRACULTURAL
Mientras el poder de Monsanto en Argentina avanza con el proyecto gubernamental de una nueva Ley de Semillas confeccionada a su medida, aumentan las protestas por las evidentes consecuencias de un modelo agropecuario insostenible y por el proyecto de instalar de una planta de semillas transgénicas en Córdoba.
Por Hernán L. Giardini
En 1996 Argentina contaba tan sólo con 1 millón de hectáreas de soja, pero de la mano de Felipe Solá (por entonces a cargo del Ministerio de Agricultura de la Nación), Monsanto lograba la aprobación de la semilla de soja RR (genéticamente modificada para soportar al glifosato “Roundup”, un potente herbicida).
Por entonces se prometía que con los transgénicos se iba a “acabar con el hambre y con la deforestación”. Greenpeace y el Grupo de Reflexión Rural fueron las primeras organizaciones que se opusieron a su aprobación; pero no fueron escuchados por las autoridades.
Casi dos décadas después, el poder de Monsanto y de las multinacionales del agronegocio creció muchísimo: en nuestro país ya hay aprobadas 26 variedades de transgénicos, con más de 23 millones de hectáreas sembradas (sobre un total de 33 millones); mientras que el 100% del algodón, el 99% de la soja y el 92% del maíz que se produce es modificado genéticamente.
Los impactos de este modelo insostenible están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se produjo una importante pérdida de biodiversidad, aumentó considerablemente el uso de agroquímicos, varias poblaciones fueron fumigadas y sufrieron graves impactos en la salud, se contaminaron suelos y cursos de agua, se concentró la tenencia de la tierra, se desalojaron a miles de campesinos e indígenas, y se perdió soberanía alimentaria.
La sanción de la Ley de Bosques a fines de 2007 es una herramienta clave, además de la protección a ecosistemas vitales como los bosques nativos, para controlar la expansión de la soja transgénica en el país. No obstante, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades por falta de decisión política.
La expansión de los cultivos transgénicos ha incrementado, lógicamente, enormemente el uso de glifosato, especialmente en Estados Unidos, Brasil y Argentina (más del 70% de la producción mundial de cultivos transgénicos está concentrada en estos tres países).
El mercado global de semillas y plantas es controlado en un 70% por tan sólo 10 empresas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer, quienes buscan patentar todas las variedades posibles de plantas, especies y genes.
La lucha de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas contra el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques y su gente; la resistencia a la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Córdoba; y el rechazo del movimiento campesino-indígena contra la nueva Ley de Semillas han contribuido muchísimo a difundir el impacto de los transgénicos y el control de las corporaciones, como Monsanto, sobre nuestros alimentos.
Argentina debe abandonar el modelo de Monsanto y construir un modelo agrícola ecológico, sin agroquímicos ni cultivos transgénicos, que proteja a los alimentos y a los productores agrícolas de las corporaciones, y que garantice el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos fueron modificados genéticamente.
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