7 de septiembre de 2013

El incendio y las vísperas



LAS REACCIONES DEL GOBIERNO DESPUÉS DE LA DERROTA EN LAS PASO  

El resultado general de las elecciones primerias que se llevaron a cabo el pasado mes de agosto significó una duro traspié para el gobierno. Particularmente amarga fue  la victoria de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires por sobre el candidato K y niño mimado de la Presidenta Martín Insaurralde. Es que Cristina Fernández se había involucrado a fondo en la campaña de su ignoto candidato, por lo que en parte la derrota le pertenece a ella también. Ni siquiera el disciplinado alineamiento con el gobierno de Daniel Scioli, el político que supuestamente tenía mejor imagen y que estuvo a punto de romper lanzas e irse con Massa, pudo evitar la catástrofe. La reacción del gobierno frente a esta crisis hasta ahora no ha mostrado nada nuevo.  

Por Marcelo R. Pereyra 

EL MASSASO 

En el gobierno se preguntan cómo Massa pudo derrotarlos con una campaña de apenas 30 días, cuando ellos vienen inundando la provincia con asistencialismo electoralista desde hace diez años. Deberían contestarse observando los resultados registrados en muchas partes del país, en las que atornillados intendentes y gobernadores, reinantes desde hace años, también fueron inesperadamente vencidos. Estos datos indican no necesariamente un fin de ciclo de la movida K, sino que los electorados han castigado la flagrante contradicción entre el triunfalista relato oficial  y la realidad “real”. Si hasta la misma noche del día de las elecciones, cuando las cifras del escrutinio ya indicaban la inexorable derrota, los funcionarios oficiales se mostraban alegres y sonrientes como si hubiesen ganado por goleada. Viendo esas imágenes por televisión, alguien dijo con certera ironía: “Están festejando la derrota”. El discurso presidencial de esa noche estuvo en línea con aquella fantochada frente a las cámaras. Cristina Fernández no sólo no reconoció la derrota, sino que se proclamó triunfadora. Y en uno de sus cada vez más frecuentes desbordes discursivos, se vanaglorió de haber ganado en la Antártida y en la comunidad qom La Primavera. 

Como quiera que sea, las primarias demostraron lo volubles que son los electorados de la posmodernidad. Cuando no se vota por ideas sino por conveniencia, el cómo le va a cada uno en la feria marca las tendencias electorales. Es decir: estamos frente a electorados que en su mayor parte en el cuarto oscuro apelan al pragmatismo para elegir y/o castigar  candidatos. Y cuando un votante se convence a sí mismo que debe castigar no hay nada que lo pueda evitar: ni los relatos oficiales que trampean las cifras de la inflación, del delito, del desempleo –y otras más- , ni la gigantesca campaña publicitaria del gobierno, ni la multiplicación de  medios de comunicación oficialoides, ni el pan y circo del “fútbol para todos”, ni el ir a arrodillarse devotamente frente al papa Franciso –otrora enemigo público N°1 de los K-, ni el asistencialismo interesado, ni la indisimulada compra de dirigentes sociales, políticos y periodistas venales, ni ninguna otra acción propagandística por el estilo. Nada de todo esto evitó la derrota del gobierno. 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? 

Pasados los primeros días de aturdimiento después del cachetazo electoral, el gobierno comenzó a barruntar una estrategia con vistas a las elecciones legislativas de octubre. El objetivo: recuperar votos a toda costa para perder por menos, y así seguir teniendo el control en las cámaras de diputados y senadores. Un mes más tarde, la estrategia parece clara: por un lado, hacer algunas concesiones –más simbólicas que concretas-, mientras que, por otro, seguir tomando medidas que son coherentes con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ejemplo de lo primero son ciertas declaraciones de dirigentes K admitiendo la existencia de algunos problemas que antes habían negado por completo, y dos decisiones clave: el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y las políticas referidas a la prevención del delito. Lo de ganancias es saludable aunque tan exiguo que el beneficio será fagocitado en breve por la inflación, y lo del delito es tan conocido como patético: utilizar más y más policías y gendarmes  no servirá para nada. Ya lo han hecho y lo saben. Pero es cómo los gobernantes entienden que debe ser prevenido el problema delictual. No se les cae otra idea que no sea más policía, más cámaras y más castigo. El gobernador Scioli ha dispuesto desarmar el ministerio de Seguridad y Justicia que él mismo había armado dos años atrás. Y nombró a cargo de Seguridad al “manodurista” Alejandro Granados, un nombramiento ideal cuando se están dando manotazos de ahogado: el ex intendente de Ezeiza propugna que cada uno debe tener un arma en su casa y usarla si entran ladrones, pero en todo caso con más puntería que la que él tuvo cuando fue asaltado. Y la frutillita del postre la acaba de poner el malogrado candidato Insaurralde proponiendo bajar la edad de imputabilidad de los menores. Propuestas dignas de Blumberg que es de imaginar le caerán simpatiquísimas a la progresía K, esto es, los díscolos muchachos de La Cámpora, los ubicuos periodistas oficiosos y los arrebatados intelectuales de Carta Abierta. 

EL VIEJO TRUCO DEL TERO 

En cuanto a lo segundo, al tipo de cosas que el gobierno venía haciendo y que lo llevaron  al fracaso electoral, es de destacar el acuerdo con la petrolera YPF-Chevron. Como se sabe, la petrolera argentina firmó un convenio “secreto” con la estadounidense para explotar el yacimiento Vaca muerta en Neuquén utilizando el método de extracción –fracking- más criticado por las organizaciones ecologistas y especialistas en medio ambiente. Las cláusulas que se ocultaron tienen que ver con la jurisdicción en la que se dirimirán eventuales controversias entre las dos empresas. El gobierno nacional y popular aceptó que sean los tribunales de Estados Unidos. Otras irregularidades tienen que ver con no haber llamado a una audiencia pública para discutir la cuestión  y con la falta de consentimiento de las comunidades mapuches, violándose así el convenio 169 de la OIT. Para colmo, cuando los mapuches y otras organizaciones marcharon frente a la legislatura de Neuquén como expresión de repudio al acuerdo que se votaría ese día, fueron duramente reprimidos por la misma policía que mató al maestro Carlos Fuentealba. En la emergencia, el gobierno nacional apoyó al gobernador Jorge Sapag y responsabilizó por los “incidentes” a la ultraizquierda y a la derecha, según declaró el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. 

En esta línea de acción, el oficialismo no se movió un ápice de su tradicional postura en cuanto al conflicto que mantiene por el Grupo Clarín por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir,  en las audiencias que organizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación insistió con su tesis de que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Grupo impide la aplicación de la citada norma, la cual posibilitaría la total democratización de la palabra en el espectro radioeléctrico. Algunos simpatizantes del gobierno corrieron a sostener esta postura. Por ejemplo, la Carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, emitió un comunicado llamando a concentrarse frente al palacio de los tribunales el día de la audiencia, porque "ponerle límites a las posiciones dominantes implica la diversificación de voces y la profundización de la democracia". Esto es falso y representa una muestra más del discurso tramposo que con argumentos políticamente correctos intenta justificar las verdaderas motivaciones que invisibiliza. En efecto, limitar las posiciones dominantes -cosa que es justa, sobre todo si se aplica también para los medios oficialistas y oficialoides- ayuda pero no necesariamente garantiza la "diversificación" de voces. Ésta sólo es posible con el estímulo a los medios que realmente producen discursos alterativos y alternativos a los discursos dominantes en una sociedad. Y desmembrar a Clarín para darle sus restos mortales a otros parecidos a Clarín -pero más amigables-, que reproducirán sin afectaciones esos mismos discursos, mucho menos asegura la "profundización" de la democracia. Toda concentración de medios, privados, oficialistas y/o paraoficiales, es repudiable –y en el caso de los primeros la excusa de la sustentabilidad no justifica su macrocefalia-, pero no se puede  reducir el complejo desequilibrio del sistema de medios a la pelea Gobierno-Clarín. En ese sentido, es un chantaje querer condicionar la aplicación integral de la ley SCA  a la sentencia que dicte la Corte. Si realmente se quiere democratizar el espectro radioeléctrico, hay que implementar sin más demoras ni excusas las licencias para el funcionamiento de los medios populares, alternativos y comunitarios. 

Como se ve, la praxis gubernamental discurre por los mismos caminos que la llevaron a la hecatombe de agosto: beneficiar amigos y perjudicar enemigos a cualquier costo, y no abandonar el viejo y perverso doble discurso de las buenas y loables intenciones, que se usa para ocultar una realidad complicada y penosa. 

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