NUEVO REVÉS PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LATINOAMÉRICA
El presidente Evo Morales anunció la nacionalización de las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, posee en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE). Lo hizo al recordar la nacionalización en la misma fecha, de los hidrocarburos, de las telecomunicaciones y de las plantas de generación de energía eléctrica.
El presidente Evo Morales anunció la nacionalización de las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, posee en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE). Lo hizo al recordar la nacionalización en la misma fecha, de los hidrocarburos, de las telecomunicaciones y de las plantas de generación de energía eléctrica.
Por Marcelo
J. Levy
El coletazo de la estatización del 51 % de las acciones de YPF en Argentina llegó a tierras bolivianas. El gobierno de Evo Morales decidió de nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), subsidiaria de la Red Eléctrica Española, permitiendo así recuperar la soberanía energética del país.La medida busca garantizar que ahora las inversiones se realicen desde el Estado a través de la empresa nacional de electricidad.
Bolivia toma la medida desde el momento en que
está lista para asumir la infraestructura energética que durante el
neoliberalismo fue privatizada y transnacionalizada.
La Transportadora de Electricidad SA fue adquirida
en 2002 por la sociedad española Red Eléctrica Internacional SAU, participada
al 20% por el Estado español. La empresa controla el 73% de las líneas que
transportan la energía eléctrica de las centrales hasta las sociedades de
distribución y atiende el 85% de la demanda. Tras la nacionalización de las
centrales Guarachi, Valle Hermoso y Corani en 2010 y la nacionalización de la
Transportadora de Electricidad SA, el Estado boliviano se convierte en el
principal productor y transportador de energía eléctrica en el país.
La prensa y los gremios empresariales del Estado
español han reaccionado a la nacionalización de TDE de manera histérica y
arrogante, como no podía ser de otra manera. Un artículo de El País consideraba que la falta de
inversiones con que Evo Morales ha justificado la nacionalización sería una
“coletilla retórica” a una “expoliación”. Desde las columnas del
periódico español El Mundo, el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández,
tachaba de “impresentable” la nacionalización y animaba el gobierno español a
tomar medidas drásticas para defender inversiones españolas que habrían
“arreglado problemas económicos” de Bolivia.
TDE fue privatizada, como todas las empresas y
recursos bolivianos, a precio vil (39 millones de dólares) y con la falsa
promesa que la inyección de capitales extranjeros hubiera mejorado las
capacidades productivas y ampliado la cobertura de servicios básicos. Para
entender lo que representó realmente la privatización del sector energético y
como las inversiones, en este caso de empresarios españoles, habrían “mejorado”
la vida de los boñivianos, es necesario citar algunos datos.
Cuando en 2002 la Red Eléctrica Internacional SAU
adquirió la Transportadora de Electricidad SA, esta empresa tenía 620,5
kilómetros de línea a baja tensión, apta para el consumo final, y 1.572
kilómetros de línea a altísima tensión. En 2010 en cambio las líneas de
altísima tensión controladas por TDE había crecido hasta 2.023,35 kilómetros y
la línea de baja tensión para el consumo final se habían reducido a 241,60
kilómetros. La longitud total de las líneas eléctricas controladas por la
empresa ha crecido en 10 años el número irrisorio de 72 kilómetros.
La estrategia de la empresa ha sido la de
concentrarse exclusivamente en la transmisión potenciando las líneas de alta
tensión hacia los departamentos de mayor consumo, donde la electricidad es
comprada por cooperativas o sociedades distribuidoras. Así, para llevar energía
eléctrica a 25mil familias bolivianas en el Beni, el gobierno ha tenido que
construir una línea de transmisión de 370 kilómetros entre Caranavi y Trinidad.
Mientras el 13% de los hogares bolivianos, particularmente en el área rural,
siguen sin energía eléctrica, la empresa maximizaba sus ganancias, llevándose
fuera del país utilidades por 38 millones de dólares y con mínimas o nulas
inversiones. (Cualquier similitud con inversiones en países vecinos no es mera
coincidencia)
El ministro de economía del gobierno español, Luis
de Guindos, se ha declarado seguro que el gobierno boliviano indemnizará con un
precio justo a la Red Eléctrica Internacional SAU. De más estaría decir, que a
imagen y semejanza de lo ocurrido con la empresa petrolera argentina, no debe
existir ningún tipo de indemnización a aquellos que durante años creyeron que
todavía formábamos parte de sus colonias extraterritoriales.
Los tribunales internacionales, como el de La Haya,
donde Bolivia ha sido citada en juicio por indemnizaciones, han fallado siempre
a favor de las multinacionales. Es el caso escandaloso de ENTEL, TRANSREDES y
de la Empresa Guarachi SA, la principal generadora de energía eléctrica en
Bolivia. La multinacional británica RURELEC, que era propietaria del 50% de
Guarachi, exige ahora una indemnización de 142 millones de dólares, tras haber
dejado a Guarachi con deudas por 240 millones de dólares, un monto que equivale
al 71% de todo el patrimonio de la empresa. Los tribunales internacionales
siempre fallarán a favor del “sagrado derecho a la ganancia”. El solo hecho de
nacionalizar, comprando o expropiando, aleja a los inversionistas extranjeros.
La plata de las indemnizaciones debe asignarse a los salarios, viviendas, salud
y educación, además del fortalecimiento de las empresas nacionalizadas.
En 2011 la empresa Guarachi sufrió un daño a una
turbina generadora de electricidad, que causó una serie de apagones en Bolivia.
La causa de este accidente no fue sólo porque las multinacionales antes
propietarias no habían invertido en renovar la maquinaria, sino porque un pico
no planificado en la demanda de energía cayó sobre la empresa – la principal
generadora de electricidad estatal – sin que las empresas privadas que todavía
generan un 30% de la energía del país pudiesen atenderlo. Y porque los
trabajadores de Guarachi, que son los directamente involucrados en el
conocimiento de la empresa, no tienen ningún poder de control y participación
en la dirección de la misma.
La clase trabajadora boliviana han saludado y
apoyado públicamente la nacionalización de Transportadora de Electricidad SA.
Así lo expresaron el ejecutivo de la COB Trujillo y el representante de los
trabajadores de YPFB Mario Loza. Sin embargo la nacionalización no ha aplacado
la ola de protestas de los trabajadores bolivianos, movilizados en rechazo al
aumento salarial ofrecido por el gobierno y el decreto que repone las 8 horas
en el sector salud.
Se ha dado un paso más y de radical importancia en
el empoderamiento de los estados latinoamericanos. El caso de la empresa
Transportadora de Electricidad y de YPF en Argentina demuestra que los
estados se presentan fuertes frente a los capitales transnacionales.
Ahora bien: la historia ha demostrado de manera
cíclica cómo se han privatizado empresas estatales vaciadas, endeudadas y
muchas veces inutilizables para que, luego de una puesta en marcha y grandes
inversiones desde el Estado, se reprivaticen. Esperemos que estos no sean uno de esos casos.
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