Somos todos terroristas

LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL

A las apuradas, y a pesar de la oposición de varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Antiterrorista, reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. Las definiciones sobre qué se entiende por “terrorismo” son tan amplias y vagas que habilitan a los jueces a la criminalización de la protesta social: a partir de ahora serán considerados terroristas quienes realicen actos "con la finalidad de aterrorizar a la población" u obliguen al gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Por Hernán L. Giardini


¿Qué significa "aterrorizar a la población"?

¿Hacer una marcha reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Hacer un piquete reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Denunciar que el agua está contaminada es "aterrorizar a la población"?

¿Difundir que la inflación este año rondará el 20% es "aterrorizar a la población"?

¿Y qué significa obligar al gobierno a "realizar un acto o abstenerse de hacerlo"?

¿Acaso la mayoría de las protestas no buscan que el gobierno realice un acto o se abstenga de hacerlo (pague mejores salarios, no habilite a una empresa minera extranjera, etc. etc,.) ?

Como vemos, las definiciones sobre qué implica ser "terrorista" son tan vagas y amplias que cualquier juez trasnochado puede encarcelarnos si no le gusta nuestra protesta o el modo en que la realizamos.

En un documento firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y varias asambleas y organizaciones sociales, se alertó que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques”.

“La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo. (…) La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”, afirman las organizaciones.

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. advirtió que la norma “utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que nos preocupan en relación a la garantía de los derechos de las personas sobre las que se pudiera aplicar. ¿Quién y cómo va a definir esas categorías indefinidas? Esta modificación agrava las condiciones de una ley que no podemos más que rechazar de plano, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia. El “terrorismo” es una construcción. Una idea subjetiva utilizada desde hace años por las potencias occidentales para justificar invasiones, mantener asustada y obediente a su población y violar muchos derechos consagrados en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie se autoproclama terrorista, sino que esta definición es aplicada, desde el Estado o sectores dominantes de la economía, sobre individuos o grupos a los que se quiere despojar de sus derechos más básicos”.

“Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Todavía queda mucho por hacer, pero esta medida nos hace retroceder en ese camino. No puede pasar desapercibida. Tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas. Como defensores de los derechos humanos, repudiamos la Ley Antiterrorista, la reforma del Código, y también las condiciones en las que se trata esta reforma, que responde a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no excluir a la Argentina de allí y del G20. Así como celebramos medidas de gobierno que fortalecen la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por entender que son el bastión de una patria justa, no apoyamos esta iniciativa. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así nos alejan de ese camino”, señala H.I.J.O.S.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también se manifestaron contra la norma: “Si bien el gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. En este sentido, gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta. Estos vacíos legales resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley”.

Finalmente, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni criticó la sanción de la ley, a la que consideró “un disparate”. “En algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo”, sostuvo.

Si tantos organismos de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales, y hasta un juez de la Corte, se opusieron a la norma, ¿por qué la sancionaron?

"El GAFI nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente. Este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte", sentenció Zaffaroni.

Lo cierto es que con esta ley, tarde o temprano, somos todos terroristas.

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