ASESINAN EN SANTIAGO DEL ESTERO A UN CAMPESINO INTEGRANTE DEL MOCASE-VCEl asesinato del dirigente campesino Cristian Ferreyra tiene directa relación con el avance sobre los territorios comunitarios del “modelo” agroexportador de soja transgénica y ganadería intensiva que promueven tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. En los últimos quince años el país sufrió una especie de reforma agraria al revés: se concentró la tierra en pocas manos y se desalojó a miles de campesinos e indígenas.
Por Hernán L. Giardini (desde Santiago del Estero)
Cristian Ferreyra, un joven integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC), fue baleado por dos hombres cuando intentó resistirse al desalojo del campo donde vivió toda su vida. Los asesinos trabajaban para un empresario agropecuario que tenía permiso para desmontar esas tierras.
Pero lamentablemente el de Ferreyra no es un caso aislado: en sólo dos años fueron asesinados al menos cuatro campesinos e indígenas por la defensa de sus tierras. El 12 de octubre de 2009 un empresario ejecutó en Tucumán al indígena diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña “Eli” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 la policía de Formosa asesinó al indígena qom Roberto López en un corte de ruta en reclamo por sus tierras. El pasado 16 de noviembre la triste lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso fueron condenados los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
Resulta evidente que estas muertes tienen directa relación con el avance sobre los territorios comunitarios del “modelo” agroexportador de soja transgénica y ganadería intensiva que promueven tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales.
Desde mediados de los ´90 la búsqueda de nuevas tierras para ampliar la frontera agropecuaria, principalmente para la producción de soja transgénica, generó un aumento dramático de la deforestación y los desalojos de los históricos habitantes de los bosques.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
Por su parte, la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 280.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Salta, Santiago del Estero y Chaco presentan la mayor superficie deforestada en los últimos quince años. Los últimos datos oficiales revelan que en el período diciembre 2007 - octubre 2008 (posterior a la sanción de la Ley de Bosques) la deforestación en estas provincias alcanzó las 136.081 hectáreas.
La deforestación impacta directamente sobre las comunidades indígenas y campesinas, que históricamente habitan y utilizan esos bosques; y que lamentablemente tras el paso implacable de las topadoras pierden su forma de vida y sustento, cayendo en la pobreza extrema.
Son numerosos los ejemplos del avance del desmonte en zonas habitadas favorecidos por la poco clara y efectiva protección que tienen los pobladores tradicionales, ya que la gran mayoría no ha podido obtener la titularización de las tierras que habitan desde hace muchos años.
Debido a esto, son cada vez más los casos donde el conflicto en torno a la tierra termina dirimiéndose por la fuerza, en donde es frecuente el accionar de guardias “parapoliciales” bajo la orden de los empresarios.
Así, en la mayoría de las provincias del norte de nuestro país los desmontes y desalojos se han venido realizando amparados en un escaso control, muy débiles exigencias en el otorgamiento de permisos y desidia para actuar frente a las denuncias realizadas por pobladores y organizaciones sociales.
Lo cierto es que en los últimos quince años el país sufrió una especie de reforma agraria al revés: se concentró la tierra en pocas manos y se desalojó a miles de campesinos e indígenas.
La profundización del “modelo”
Como si esto fuera poco, el recientemente anunciado Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 prevé, para los próximos 9 años, el aumento de la producción de granos en un 60% y el de ganadería en un 46%.
O sea, más desmontes, más desalojos, más muertes.
Para entender hasta dónde llega este ambicioso plan agroexportador basta como ejemplo Santiago del Estero, la provincia con más porcentaje de población rural del país: actualmente tiene cerca de 1.500.000 cabezas de ganado bovino, pero según el gobierno cuenta “con un potencial de crecimiento sostenido para poder llegar a 4 o 5 millones de cabezas a corto plazo, marcando a esta provincia como netamente ganadera".
La gran mayoría de los desmontes y desalojos de campesinos e indígenas son provocados por empresarios argentinos llegados de otras provincias. Mientras tanto, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
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