8 de octubre de 2011

La mala educación

SEBASTIAN PIÑERA SOSTIENE UN PLAN EDUCATIVO PARA CHILE DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS
El proceso al que está sometida la educación chilena proviene de larga data. Es el resultado del laboratorio neoliberal del Cono Sur, del “modelo de país” para las potencias centrales. La responsabilidad del presidente de Chile y la continuidad político-ideológica de la planificación educativa.

Por Marcelo J. Levy


El actual Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, es uno de los principales ideólogos del sistema educativo que derivó en la destrucción de la Universidad Pública y en el surgimiento desregulado de las universidades privadas al incorporar la educación al sistema de la oferta y la demanda, como una mercancía más en el modelo de libre mercado.

Así queda plasmado en un artículo escrito por Piñera, en la revista “Realidad” de abril de 1980. En esos momentos, Piñera era Gerente del Banco de Talca y uno de los principales asesores del General Augusto Pinochet. Este escrito se ha presentado como un verdadero antecedente de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Chile, promulgada el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura pinochetista.

En el citado artículo Piñera coloca las bases del sistema educacional que sería implantado por la dictadura, asentado esencialmente en la idea de incorporar la educación al modelo de mercado, mediante el argumento de la necesidad de autofinanciar la Educación Superior, supuestamente “para liberar recursos públicos para beneficiar el desarrollo en cobertura y eficiencia de la educación básica y media, especialmente dirigida a beneficiar a los sectores más pobres”.

No solamente esto no se cumplió, sino que la educación resultó ser uno de los sectores más dañados por las políticas neoliberales implantadas autoritariamente, sin posibilidad ninguna de discusión ni debate por parte de los actores: estudiantes, docentes, directivos o trabajadores de la educación.

En el artículo, el autor plantea que “para cumplir con los aspectos normativos y con los principios de eficiencia y equidad en la asignación de recursos en el sector educacional, se requiere incrementar el gasto en educación preescolar y básica y alterar profundamente la distribución del subsidio público entre los distintos niveles educacionales”.

Respecto al financiamiento de la Educación Superior, afirma que “no existe razón alguna para que el Estado desvíe parte importante de los recursos públicos destinados al sector educacional para subsidiar a grupos de ingresos medios y altos. Esto es particularmente inconveniente si se considera que este desvío resta recursos a la acción pública en el campo de la educación preescolar y básica, acción que en la actualidad es cumplida en forma claramente insuficiente por el Estado”.

Esta posición parte de una falacia, como es suponer que las personas que acceden a la educación superior son todos pertenecientes a los grupos medios y altos. Plantea que solo el 7% de los alumnos del ciclo básico logran ingresar a la Universidad, situación que si bien es cierta, desdeña la posibilidad del ingreso de los sectores más pobres de la sociedad.

Como parte de la solución, plantea lo que será una de las bases del sistema educativo que aún se mantiene si mayores modificaciones: “el financiamiento de los gastos de docencia incurridos por los cetros de educación superior, debiera recaer sobre los estudiantes universitarios, que son sus principales beneficiarios”, por lo tanto, el Estado “no debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivo e indiscriminado en favor de alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”. Y agrega que en forma selectiva, este sistema de préstamos podría complementarse con un sistema de becas educacionales.

Agrega como una forma de paliar este sistema de autofinanciamiento, que el mismo debería contar con un período de gracia posterior al egreso de los alumnos. Pero aún más, detalla lo que con posterioridad sería implementado casi textualmente: ”una forma de implementar este sistema sería que el Estado mantuviera un flujo de recursos públicos destinados a financiar la docencia en los centros de educación superior, exigiendo a estos centros que en lugar de transferirlos en forma gratuita a los alumnos, les den a éstos la alternativa de pagar los costos de docencia con recursos propios o acceder a un crédito financiado con recursos públicos. El flujo de recursos públicos debería ser igual al monto total del crédito tomado por los alumnos. Esto liberaría recursos públicos por un monto equivalente al monto pagado con recursos propios por los alumnos. Otra forma de implementar este sistema sería que instituciones financieras, públicas o privadas, otorgaran directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”.

Aquí están las bases del actual sistema, el fin de la gratuidad en la educación pública superior y su entrada de lleno a la lógica del mercado, tomando a la educación como una mercancía y a los alumnos como clientes para otorgarles créditos y generarles endeudamiento como requisito para poder acceder a la educación superior.

Con relación a la investigación y extensión igualmente se deja en manos de la oferta y demanda y no como una función privativa y básica del quehacer universitario. Al respecto plantea lo que en efecto sería la muerte de la investigación y extensión en sistema de educación superior. “Las labores de extensión e investigación desarrolladas por parte de los centros de educación superior, benefician en forma directa y exclusiva a determinados grupos o entidades públicos o privados. En estos casos, debiera corresponder a los grupos o entidades beneficiarios solventar los gastos originados por las tareas de investigación o extensión respectivas. Los numerosos convenios suscritos por las universidades con entidades externas a ellas constituyen ejemplos de esta modalidad”.

En otras palabras, es el planteamiento de la privatización de la investigación, lo que obliga a las universidades a establecer contratos con entidades privadas para financiar esa función básica de la universidad. La investigación y la extensión universitaria fue víctima también del modelo de mercado, minimizando el rol de la universidad en la investigación científica.

Con referencia la educación media, también se establecen las bases del autofinanciamiento, terminado con la gratuidad de la educación pública. “Una alternativa de acción del Estado es financiar, en forma conjunta con los alumnos de la educación media, los gastos de los centros educacionales a este nivel. Esto implica que el Estado subvencionaría sólo en forma parcial a los alumnos de centros de educación media“. Según este sistema, curiosamente según Sebastián Piñera, “evitaría que los subsidios públicos favorecieran a grupos de altos ingresos.”

La argumentación para “neoliberalizar” la educación, se basa en una verdad a medias: la educación preescolar y básica provoca una distribución mayor del ingreso que la educación superior, por lo tanto era necesario reorientar los subsidios estatales a esos sectores primarios. Lo concreto es que el sistema impuesto, tampoco desarrolló la educación preescolar, básica, ni media, por el contrario desde su implementación ha habido una inmensa regresión tanto en el acceso como en la calidad a la educación pública, que en definitiva pasó a ser municipal, en beneficio de la educación privada.

El centro del sistema lo explica muy bien el autor del artículo, cuando dice que, “el autofinanciamiento de los gastos de docencia de los centros de educación superior significa, por una parte, la eliminación de uno de los subsidios más regresivos existentes en la economía, con los consiguientes efectos positivos sobre la distribución de ingresos y por otra, una significativa liberación de recursos públicos, los cuales pueden ser destinados a extender y profundizar la acción del estado en los niveles de educación preescolar y básica”. Objetivo, a todas luces nunca logrado, en 31 años de funcionamiento de este sistema.

La conclusión que saca Piñera de este modelo, tiene que ver con la actual crisis del sistema de educación superior pública, al decir que “es importante destacar que, en la medida en que el gasto público en educación se incremente en términos reales, las reasignaciones del subsidio público al sector educacional aquí propuestas, pueden efectuarse sin necesariamente afectar en términos absolutos el monto actual del subsidio público a cada nivel educacional, sino que reasignando los incrementos que año a año experimente el gasto público en educación”. El resultado verdadero a la efectividad de estas propuestas, están en la revisión del incremento del gasto público en educación en las tres últimas décadas.

Además de los temas de financiamiento que Piñera proponía en esos lineamientos educativos y que en abril del 1980 ya preveían la situación actual, propone mecanismos de descentralización de la gestión educativa. Sistema que claramente es la base de la municipalización de la educación básica y media y la atomización de las universidades públicas que tenían un carácter nacional, en universidades locales, autónomas. La propuesta consiste en “descentralizar el proceso de toma de algunas de las decisiones en materia educacional. Esta descentralización, debería fijar, al nivel de cada unidad productora de servicios educacionales (liceos, colegios, departamentos) las decisiones respecto a la naturaleza, cantidad, calidad y forma de producir los distintos servicios educacionales”. Esta descentralización se une a la nueva forma de asignación de subsidios públicos, lo cual generaría “incentivos para que las distintas unidades productoras adecuaran su estructura de oferta de servicios educacionales a las características de la demanda”.

Lo mismo ocurrió en Argentina por la misma época. En enero de 1981 la dictadura militar en franco proceso de desmantelamiento del sistema educativo, dispuso la transferencia de las escuelas, por ejemplo de adultos, a la estructura ministerial de las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires (Leyes 22.367 y 22.368 respectivamente).

Volviendo al tristemente actual presidente de Chile, éste postulaba hace 31 años que “serían los alumnos a través de su demanda por servicios educacionales, los que, en conjunto con las condiciones de la oferta y la acción del Estado, determinarían la cantidad y características de servicios educacionales a ser producidos”.

Todo lo anterior redunda, según el mismo autor en la minimización de la función educativa del Estado. “El conjunto de estas normas, deberían regir la acción descentralizada de los distintos centros educacionales, estableciendo requisitos mínimos de contenidos de la educación impartida, niveles mínimos de calidad de la educación impartida, períodos mínimos de duración de cada ciclo educacional (particularmente cuando el titulo o grado entregado al termino del ciclo sea reconocido por el Estado)…” Es decir, es la absoluta desregulación del sistema educacional.

Como frutilla del postre sugiere la posibilidad de privatizar los edificios y activos de los centros educativos. “El Estado podría retener en forma permanente la propiedad de los activos de los centros educacionales, cobrando por ellos un arriendo, o alternativamente ir vendiendo en forma gradual la propiedad de estos activos a los responsables de la administración de ellos o a terceros. En síntesis, la administración y la propiedad de los centros educacionales no deben necesariamente estar en manos de una misma persona o conjunto de personas”. Es importante destacar que se ha estado hablando en todo este artículo de la educación pública, por tanto de establecimientos, liceos, universidades estatales.

No pasará inadvertido después de presentar las posiciones del Sebastián Piñera en 1980, que sus políticas actuales en relación con la educación han variado poco y nada. En este sentido es difícil que pueda surgir hoy, en medio de la mayor crisis de la educación pública, una propuesta que como reclaman los estudiantes, docentes y directivos de las universidades, rescate y fortalezca el sistema de educación pública.

Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno.



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