8 de octubre de 2011

La continuidad del “modelo” y la necesidad de una oposición de izquierda

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Luego de las elecciones primarias, donde el gobierno obtuvo un respaldo abrumador que sorprendió a opositores, oficialistas y periodistas, se vienen las verdaderas elecciones. Todo indica que Cristina Fernández de Kirchner será reelecta y mantendrá o inclusive aumentará el 51% de los votos alcanzados, y que los partidos de “derecha” retrocederán aún más en sus magros resultados. Por su parte, el frente de “centroizquierda” que encabeza Hermes Binner alcanzaría el segundo lugar aumentando su performance. La “izquierda”, unificada por “obligación”, espera repetir el “milagro”.

Por Hernán L. Giardini


Las primarias significaban, a priori, un riesgo para el gobierno ya que podrían haber posicionado a alguno de los candidatos de la denominada “oposición” como el referente a votar en las próximas elecciones para intentar llegar a la segunda vuelta y tener una chance de vencer al kirchnerismo.

Pero el masivo apoyo alcanzado por Cristina Fernández, sumado al “triple empate” entre Alfonsín, Duhalde y Binner rondando apenas el 11% de los votos cada uno, dejó a la oposición muy lejos de la segunda vuelta y sin un candidato que acapare el “voto útil” contra el gobierno.

En suma, todo definido: Cristina Fernández de Kirchner será reelecta en primera vuelta.

Las encuestas reflejan que la presidente mantendría, e incluso aumentaría, su caudal electoral y que Binner alcanzaría el segundo lugar aumentando los votos obtenidos en las primarias. Mientras que Duhalde y Alfonsín obtendrían menos apoyo.

Por su parte, la mayoría de los partidos de “izquierda” fueron pragmáticos y armaron (por fin) un frente que, realizando una ingeniosa campaña en las redes sociales que buscaba #unmilagroparaaltamira, obtuvo 500.000 votos y logró superar el cupo mínimo para poder competir en las presidenciales.

Ahora buscan repetir el “milagro” para poder meter en el Congreso a sus diputados.

Para completar el panorama, la performance de Carrió fue paupérrima (inclusive estuvo cerca de perder con la izquierda), Rodríguez Saa sumó bastantes votos pero quedó muy lejos, y Proyecto Sur quedó afuera de competencia al bajarse del Frente Amplio Progresista que encabeza Binner y no llevar un candidato fuerte.

Las perspectivas para el partido liderado por Carrió no son nada buenas ya que, de repetir el bajísimo caudal de votos obtenido en las primarias, perdería muchos diputados en el Congreso.

En suma, las elecciones presidenciales ratificarán el amplio apoyo popular que tiene el gobierno y tendremos cuatro años más de kirchnerismo.

Cabe destacar que se espera una merma en los votos a los candidatos de la “derecha” frente al crecimiento de la “centroizquierda” y el resurgimiento de una “izquierda” unificada.

En ese sentido, resulta necesario que el gobierno tenga una oposición en serio, y de izquierda. Una oposición que confronte con su “modelo” desarrollista agro-minero-pesquero-exportador que aplica la teoría del “derrame”. Una oposición que, por sobre todas las cosas, exija una verdadera distribución de la riqueza, un salario digno para los trabajadores, educación y salud gratuita de calidad, mayor acceso a la vivienda, una reforma agraria integral, el resguardo de nuestros recursos naturales y el cuidado del medioambiente.

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Agronegocios o derechos humanos

EL MODELO AGROEXPORTADOR Y SUS CONSECUENCIAS

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración. Muy pocos tienen mucha tierra y la gran mayoría tiene muy poco. El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. Para colmo, se pretende para 2020 llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha), lo que multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

Por Darío Aranda


El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.

La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?

En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).

El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.

Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.

El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.

“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.

Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.

La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).

La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.

En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.

“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.

Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.

El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.

El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.

Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.

El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.

El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.

En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.

“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.

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La mala educación

SEBASTIAN PIÑERA SOSTIENE UN PLAN EDUCATIVO PARA CHILE DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS
El proceso al que está sometida la educación chilena proviene de larga data. Es el resultado del laboratorio neoliberal del Cono Sur, del “modelo de país” para las potencias centrales. La responsabilidad del presidente de Chile y la continuidad político-ideológica de la planificación educativa.

Por Marcelo J. Levy


El actual Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, es uno de los principales ideólogos del sistema educativo que derivó en la destrucción de la Universidad Pública y en el surgimiento desregulado de las universidades privadas al incorporar la educación al sistema de la oferta y la demanda, como una mercancía más en el modelo de libre mercado.

Así queda plasmado en un artículo escrito por Piñera, en la revista “Realidad” de abril de 1980. En esos momentos, Piñera era Gerente del Banco de Talca y uno de los principales asesores del General Augusto Pinochet. Este escrito se ha presentado como un verdadero antecedente de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Chile, promulgada el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura pinochetista.

En el citado artículo Piñera coloca las bases del sistema educacional que sería implantado por la dictadura, asentado esencialmente en la idea de incorporar la educación al modelo de mercado, mediante el argumento de la necesidad de autofinanciar la Educación Superior, supuestamente “para liberar recursos públicos para beneficiar el desarrollo en cobertura y eficiencia de la educación básica y media, especialmente dirigida a beneficiar a los sectores más pobres”.

No solamente esto no se cumplió, sino que la educación resultó ser uno de los sectores más dañados por las políticas neoliberales implantadas autoritariamente, sin posibilidad ninguna de discusión ni debate por parte de los actores: estudiantes, docentes, directivos o trabajadores de la educación.

En el artículo, el autor plantea que “para cumplir con los aspectos normativos y con los principios de eficiencia y equidad en la asignación de recursos en el sector educacional, se requiere incrementar el gasto en educación preescolar y básica y alterar profundamente la distribución del subsidio público entre los distintos niveles educacionales”.

Respecto al financiamiento de la Educación Superior, afirma que “no existe razón alguna para que el Estado desvíe parte importante de los recursos públicos destinados al sector educacional para subsidiar a grupos de ingresos medios y altos. Esto es particularmente inconveniente si se considera que este desvío resta recursos a la acción pública en el campo de la educación preescolar y básica, acción que en la actualidad es cumplida en forma claramente insuficiente por el Estado”.

Esta posición parte de una falacia, como es suponer que las personas que acceden a la educación superior son todos pertenecientes a los grupos medios y altos. Plantea que solo el 7% de los alumnos del ciclo básico logran ingresar a la Universidad, situación que si bien es cierta, desdeña la posibilidad del ingreso de los sectores más pobres de la sociedad.

Como parte de la solución, plantea lo que será una de las bases del sistema educativo que aún se mantiene si mayores modificaciones: “el financiamiento de los gastos de docencia incurridos por los cetros de educación superior, debiera recaer sobre los estudiantes universitarios, que son sus principales beneficiarios”, por lo tanto, el Estado “no debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivo e indiscriminado en favor de alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”. Y agrega que en forma selectiva, este sistema de préstamos podría complementarse con un sistema de becas educacionales.

Agrega como una forma de paliar este sistema de autofinanciamiento, que el mismo debería contar con un período de gracia posterior al egreso de los alumnos. Pero aún más, detalla lo que con posterioridad sería implementado casi textualmente: ”una forma de implementar este sistema sería que el Estado mantuviera un flujo de recursos públicos destinados a financiar la docencia en los centros de educación superior, exigiendo a estos centros que en lugar de transferirlos en forma gratuita a los alumnos, les den a éstos la alternativa de pagar los costos de docencia con recursos propios o acceder a un crédito financiado con recursos públicos. El flujo de recursos públicos debería ser igual al monto total del crédito tomado por los alumnos. Esto liberaría recursos públicos por un monto equivalente al monto pagado con recursos propios por los alumnos. Otra forma de implementar este sistema sería que instituciones financieras, públicas o privadas, otorgaran directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”.

Aquí están las bases del actual sistema, el fin de la gratuidad en la educación pública superior y su entrada de lleno a la lógica del mercado, tomando a la educación como una mercancía y a los alumnos como clientes para otorgarles créditos y generarles endeudamiento como requisito para poder acceder a la educación superior.

Con relación a la investigación y extensión igualmente se deja en manos de la oferta y demanda y no como una función privativa y básica del quehacer universitario. Al respecto plantea lo que en efecto sería la muerte de la investigación y extensión en sistema de educación superior. “Las labores de extensión e investigación desarrolladas por parte de los centros de educación superior, benefician en forma directa y exclusiva a determinados grupos o entidades públicos o privados. En estos casos, debiera corresponder a los grupos o entidades beneficiarios solventar los gastos originados por las tareas de investigación o extensión respectivas. Los numerosos convenios suscritos por las universidades con entidades externas a ellas constituyen ejemplos de esta modalidad”.

En otras palabras, es el planteamiento de la privatización de la investigación, lo que obliga a las universidades a establecer contratos con entidades privadas para financiar esa función básica de la universidad. La investigación y la extensión universitaria fue víctima también del modelo de mercado, minimizando el rol de la universidad en la investigación científica.

Con referencia la educación media, también se establecen las bases del autofinanciamiento, terminado con la gratuidad de la educación pública. “Una alternativa de acción del Estado es financiar, en forma conjunta con los alumnos de la educación media, los gastos de los centros educacionales a este nivel. Esto implica que el Estado subvencionaría sólo en forma parcial a los alumnos de centros de educación media“. Según este sistema, curiosamente según Sebastián Piñera, “evitaría que los subsidios públicos favorecieran a grupos de altos ingresos.”

La argumentación para “neoliberalizar” la educación, se basa en una verdad a medias: la educación preescolar y básica provoca una distribución mayor del ingreso que la educación superior, por lo tanto era necesario reorientar los subsidios estatales a esos sectores primarios. Lo concreto es que el sistema impuesto, tampoco desarrolló la educación preescolar, básica, ni media, por el contrario desde su implementación ha habido una inmensa regresión tanto en el acceso como en la calidad a la educación pública, que en definitiva pasó a ser municipal, en beneficio de la educación privada.

El centro del sistema lo explica muy bien el autor del artículo, cuando dice que, “el autofinanciamiento de los gastos de docencia de los centros de educación superior significa, por una parte, la eliminación de uno de los subsidios más regresivos existentes en la economía, con los consiguientes efectos positivos sobre la distribución de ingresos y por otra, una significativa liberación de recursos públicos, los cuales pueden ser destinados a extender y profundizar la acción del estado en los niveles de educación preescolar y básica”. Objetivo, a todas luces nunca logrado, en 31 años de funcionamiento de este sistema.

La conclusión que saca Piñera de este modelo, tiene que ver con la actual crisis del sistema de educación superior pública, al decir que “es importante destacar que, en la medida en que el gasto público en educación se incremente en términos reales, las reasignaciones del subsidio público al sector educacional aquí propuestas, pueden efectuarse sin necesariamente afectar en términos absolutos el monto actual del subsidio público a cada nivel educacional, sino que reasignando los incrementos que año a año experimente el gasto público en educación”. El resultado verdadero a la efectividad de estas propuestas, están en la revisión del incremento del gasto público en educación en las tres últimas décadas.

Además de los temas de financiamiento que Piñera proponía en esos lineamientos educativos y que en abril del 1980 ya preveían la situación actual, propone mecanismos de descentralización de la gestión educativa. Sistema que claramente es la base de la municipalización de la educación básica y media y la atomización de las universidades públicas que tenían un carácter nacional, en universidades locales, autónomas. La propuesta consiste en “descentralizar el proceso de toma de algunas de las decisiones en materia educacional. Esta descentralización, debería fijar, al nivel de cada unidad productora de servicios educacionales (liceos, colegios, departamentos) las decisiones respecto a la naturaleza, cantidad, calidad y forma de producir los distintos servicios educacionales”. Esta descentralización se une a la nueva forma de asignación de subsidios públicos, lo cual generaría “incentivos para que las distintas unidades productoras adecuaran su estructura de oferta de servicios educacionales a las características de la demanda”.

Lo mismo ocurrió en Argentina por la misma época. En enero de 1981 la dictadura militar en franco proceso de desmantelamiento del sistema educativo, dispuso la transferencia de las escuelas, por ejemplo de adultos, a la estructura ministerial de las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires (Leyes 22.367 y 22.368 respectivamente).

Volviendo al tristemente actual presidente de Chile, éste postulaba hace 31 años que “serían los alumnos a través de su demanda por servicios educacionales, los que, en conjunto con las condiciones de la oferta y la acción del Estado, determinarían la cantidad y características de servicios educacionales a ser producidos”.

Todo lo anterior redunda, según el mismo autor en la minimización de la función educativa del Estado. “El conjunto de estas normas, deberían regir la acción descentralizada de los distintos centros educacionales, estableciendo requisitos mínimos de contenidos de la educación impartida, niveles mínimos de calidad de la educación impartida, períodos mínimos de duración de cada ciclo educacional (particularmente cuando el titulo o grado entregado al termino del ciclo sea reconocido por el Estado)…” Es decir, es la absoluta desregulación del sistema educacional.

Como frutilla del postre sugiere la posibilidad de privatizar los edificios y activos de los centros educativos. “El Estado podría retener en forma permanente la propiedad de los activos de los centros educacionales, cobrando por ellos un arriendo, o alternativamente ir vendiendo en forma gradual la propiedad de estos activos a los responsables de la administración de ellos o a terceros. En síntesis, la administración y la propiedad de los centros educacionales no deben necesariamente estar en manos de una misma persona o conjunto de personas”. Es importante destacar que se ha estado hablando en todo este artículo de la educación pública, por tanto de establecimientos, liceos, universidades estatales.

No pasará inadvertido después de presentar las posiciones del Sebastián Piñera en 1980, que sus políticas actuales en relación con la educación han variado poco y nada. En este sentido es difícil que pueda surgir hoy, en medio de la mayor crisis de la educación pública, una propuesta que como reclaman los estudiantes, docentes y directivos de las universidades, rescate y fortalezca el sistema de educación pública.

Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno.



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El desarrollo no justifica la destrucción del TIPNIS

EL CONFLICTO DEL GOBIERNO BOLIVIANO CON INDÍGENAS AMAZÓNICOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA EN SUS TERRITORIOS

El conflicto entre los pueblos de territorios indígenas y el gobierno de Evo Morales por su decisión unilateral – sin consulta previa e informada – de construir una “carretera” que cruce por el TIPNIS se aproxima estos días a su punto de mayor tensión. Por un lado, se intentó por séptima vez iniciar un diálogo entre una comisión gubernamental, encabezada por el canciller David Choquehuanca, y los indígenas que marchan desde mediados de agosto rumbo a la sede de gobierno. Por otro lado, la exhortación de personeros del oficialismo a un supuesto diálogo se ha convertido hace poco en un amenazador bloqueo de los campesinos “interculturales” (colonizadores) en la población de Yucumo y otras poblaciones del norte paceño que intentan frenar la marcha indígena con la connivencia de un destacamento policial que pretende dizque evitar un enfrentamiento.

Por Hernando Calla (desde Bolivia)


“Cuando queremos construir caminos (...), algunos hermanos indígenas no quieren que se construya el camino; cuando queremos explorar como gobierno más gas o petróleo que nos da la Madre Tierra (...), no quieren algunos hermanos; cuando queremos construir plantas hidroeléctricas (...), no quieren algunos hermanos…” “¿De qué va a vivir Bolivia?...antes nuestras luchas eran por luz, caminos; queríamos más recursos económicos... [Ahora] en contraposición, las organizaciones indígenas y originarias se oponen a estos planes que generan desarrollo social y económico”, Evo Morales (26-08-11)


Las grietas del desarrollo

Como muchos paisanos recientemente empoderados, el Presidente de Bolivia se orienta por el faro del “desarrollo” que en la segunda mitad del siglo XX fue el credo de las elites de los países del llamado Tercer Mundo, por lo general formadas en universidades del “Primer Mundo”, concepto que ahora se ha vuelto cuestionable por las consecuencias desastrosas para la naturaleza y humanidad cada vez más evidentes – entre ellas, el calentamiento global – y que están estrechamente asociadas con la expansión de la economía productivista a nivel global.

Por lo mismo, hoy el faro muestra grietas y ha comenzado a desmoronarse. La idea del desarrollo se levanta como una ruina en el paisaje intelectual. El engaño y la desilusión, los fracasos y los crímenes han sido compañeros permanentes del desarrollo y cuentan una misma historia: no funcionó, al menos no como el mecanismo/instrumento de bienestar para todos que resultó ser una promesa vacía. Además, las condiciones históricas que catapultaron la idea hacia un sitial prominente han desaparecido: el desarrollo ha devenido anticuado. Pero sobre todo, las esperanzas y los deseos que dieron alas a la idea están ahora agotados: el desarrollo ha devenido obsoleto (aunque ello no sea percibido por todos).

Es cierto que enraizarse en el presente requiere una imagen de futuro. Esa imagen del porvenir ofrece guía, ánimo, orientación, esperanza. Sin embargo, a cambio de imágenes culturalmente establecidas, construidas por hombres y mujeres concretos en sus espacios locales, se ofreció al hombre moderno la expectativa ilusoria de un crecimiento ilimitado, implícita en la connotación de desarrollo y sus afines semánticos: crecimiento económico, progreso social, modernización tecnológica. También se le ofreció una imagen del futuro como mera continuación del pasado: ese es el desarrollo, un mito conservador, si no reaccionario.[1]

Algunos dirán que el desencanto con el “desarrollo”, o el “crecimiento económico”, no elimina la necesidad de una palabra para designar la “generación de riqueza”. En realidad, el acuñar nuevas palabras para el desarrollo ha acompañado la historia de los esfuerzos de gente muy creativa por imaginar nuevos “paradigmas” de desarrollo: integral, alternativo, humano, sustentable, territorial y no se qué más. Pero todos estos “paradigmas” son construcciones imaginarias cada vez más alejadas de las realidades materiales que se imponen a las grandes mayorías, aunque pretendan leer de distinto modo los fragmentos de dichas realidades que todavía captan. En efecto, tanto la riqueza como la pobreza son conceptos tradicionales cuya utilización actual oculta la destructividad de los procesos institucionales modernos de creación del desvalor.[2] Se trata de una desvaloración del entorno como una condición para la acumulación ilimitada de valores mercantiles y del capital transnacional que mal podríamos llamar riqueza en su acepción tradicional de abundancia de bienes y propiedades; por otra parte, esta desvaloración de las condiciones naturales o el contexto cultural implica abismos de miseria para los cuales el concepto tradicional de pobreza es igualmente inadecuado.[3]

La aplicación del concepto de riqueza a la productividad industrial oculta la destructividad inherente a los procesos extractivos e industriales de transformación de la naturaleza en insumos productivos y mercancías de consumo masivo. Refleja la degradación de las cosmovisiones que antaño respetaban la sacralidad de la naturaleza en una visión que convierte los dones de la Madre Tierra en “recursos naturales”: por ejemplo, el gas y petróleo, susceptibles de ser extraídos del fondo de la tierra; pero también los “recursos” maderables u otros que pueden ser explotados de la superficie. La transformación de los dones de la naturaleza en “recursos naturales” es contemporánea del colonialismo que explotaba estos últimos para convertirlos en insumos para las industrias. La filósofa de la India Vandana Shiva extracta una cita de 1870 que proponía la siguiente definición: “Al hablar de los recursos naturales de un país cualquiera, nos referimos al mineral en la mina, la piedra en la cantera, la madera en el bosque, (etc.)”[4]. En esta definición, ya se perfila que la naturaleza se ha convertido en un depósito de materias primas que esperan su transformación en insumos para la producción de mercancías.


La guerra contra la subsistencia

A dónde nos ha llevado el mentado desarrollo se puede describir mejor como la guerra contra la subsistencia [5] de la gente sencilla que había declarado el Estado moderno desde mucho antes que fueran colocados sus cimientos teóricos en el siglo XVII.[6] A partir de los años 1950s, el desarrollo fue concebido como cierto tipo de ingeniería social cuya meta era la instalación de un conjunto creciente de equipamientos: construcción de más escuelas, de más hospitales modernos, de extensas autopistas para vehículos de alta velocidad, de nuevas fábricas e industrias, de plantas generadoras y redes de energía, y además, junto con todo esto, la creación de una población capacitada para su manejo y entrenada para necesitar estas cosas.

Actualmente, el imperativo moral de hace cincuenta años atrás parece una ingenuidad y son muy pocos los pensadores críticos que tienen una visión tan instrumentalizada de la sociedad deseable, aunque estas ideas perviven en el imaginario colectivo de nuestras sociedades – tanto en el Norte sobre-endeudado como en el Sur sub-industrializado – mentalmente “subdesarrolladas” y que intentan estabilizar sus finanzas, o modernizar su tecnología, desesperadamente a cualquier costo. Dos son las razones que les han hecho cambiar de parecer: la primera, la existencia de externalidades indeseables que exceden los supuestos beneficios del desarrollo económico: una muestra son las ciudades congestionadas de motorizados que avanzan cada vez más lentamente – no obstante estar implementadas con autopistas de alta velocidad –, contaminan el aire hasta volverlo irrespirable, lanzan a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero (los que provocan el calentamiento global) y empobrecen el paisaje urbano y rural con su patente fealdad.

La segunda razón, quizá la más difícil de articular convincentemente, la aparición de la contraproductividad paradójica al interior de las metas de producción de determinado sector económico: los usuarios del transporte y los que conducen su propia “fuerza de trabajo” hasta su fuente laboral todos los días terminan desplazándose a velocidades cada vez menores no obstante estar equipados con vehículos cada vez más veloces y, en consecuencia, encontrarse crecientemente endeudados (en tiempo y dinero) para pagar los gastos correspondientes (no únicamente los pasajes del transporte o el combustible sino los impuestos y las cuotas mensuales del financiamiento para su automotor), además de sentirse psicológicamente frustrados por la creciente dificultad para volver a poner los pies sobre la tierra y valerse de sus propias piernas para llegar a destino. (En cambio, aunque suene a poesía, no importa cuán distante sea el destino que se propone el caminante, los pies lo llevarán hacia el mismo como lo han vuelto a demostrar, para volver al tema que nos preocupa estos días, los indígenas del TIPNIS que marchan desde la amazonía rumbo a la ciudad de La Paz).


¿Una “carretera” de integración regional?

Si bien no todos los que marchan o apoyan la marcha indígena están plenamente conscientes de la caída del desarrollo como justificación legítima para la construcción de la “carretera” que pretende vincular la región del Beni con el eje troncal (por el Chapare cochabambino, en vez de hacerlo mejorando el camino ya existente por los Yungas de La Paz), el actual conflicto por el TIPNIS ilustra la confluencia de múltiples iniciativas de ciudadanos (indígenas de tierras bajas y altas, defensores de la naturaleza y la biodiversidad, activistas por los derechos de los pueblos indígenas) cada vez más lúcidos respecto a los peligros reales que implican los proyectos de mega infraestructuras, y menos propensos a confiar en las promesas vacías del “desarrollo económico y social”. Estos sectores indígenas y activistas que defienden sus derechos están dispuestos a resistir activamente las arremetidas del capitalismo global que, en colusión con el Estado boliviano y los intereses creados de masas crecientemente empoderadas (cocaleros, colonizadores, campesinos que apuestan por los monocultivos), pretenden vaciar espacios cada vez mayores (y áreas potenciales para una extracción ampliada de recursos naturales) para la circulación sin interferencias de los valores mercantiles y la acumulación del capital.

Frente a la guerra declarada contra la subsistencia de los indígenas del TIPNIS por parte de los poderes dominantes, es urgente librar pequeñas batallas epistémicas para tomar conciencia de la usurpación sufrida por el lenguaje ordinario a manos de aquellos que detentan el poder, sean estos tecnócratas que “venden su charque” a los políticos que se justifican con obras, o bien ideólogos que intentan convencer a las masas de sus propósitos loables. Es el caso de la pretendida “carretera” que quieren construir por el TIPNIS: ¿quién podría oponerse a una carretera que permite conectarnos con nuestros parientes que viven más allá del cerro (o del parque)? Agucemos el oído: carretera viene de carreta que el diccionario define como “carro bajo y alargado de madera, con dos ruedas, con una vara larga a la que se ata el yugo [de bueyes]”. ¿Será legítimo seguir utilizando este término de otras épocas para referirse a ese tipo de autopistas destinadas a vehículos que circulan a velocidades superiores a 80 km/hora? Lo mismo puede argumentarse sobre lo inapropiado de referirse a estas autopistas como si fueran “caminos” por donde la gente camina a pie o marcha a paso firme (como los marchistas del TIPNIS). Pero incluso si ambos términos pueden seguir utilizándose perfectamente para referirse a la mayor parte de los caminos de tierra o ripio que conectan nuestras comunidades y pueblos con las carreteras troncales o asfaltadas de la red fundamental, lo cierto es que existe un punto de quiebre donde la utilización de estos términos constituye un abuso del lenguaje a favor de empresas y gobiernos cuya principal justificación es venderle a la sociedad este tipo de mega “herramientas” usando los términos más familiares a los oídos de sus actuales y potenciales electores.

Consideraciones similares se podrían hacer respecto a muchos ‘lugares comunes’ o ‘palabras trilladas’ que dificultan la percepción e impiden entender lo que verdaderamente está en juego. Por ejemplo, cuando se habla de que la carretera permitirá la “integración regional” y la “unidad nacional”, lo que ocurre es que se utilizan términos con una connotación tradicional que ha dejado de reflejar la realidad. Antes que una verdadera integración entre dos regiones, la autopista permitirá una conexión más directa entre productores y consumidores que podrían estar no en la región próxima sino en el país vecino o en otro continente; o como lo han denunciado otros analistas, la pretendida “carretera” forma parte de una estrategia regional de infraestructura “caminera” (IIRSA) que facilitará la vinculación de la economía del Brasil con los mercados emergentes de la China. Tampoco el ensalzar la unidad nacional impedirá que, de implementarse el tramo II de la ruta San Ignacio de Moxos –Villa Tunari, el impacto resultante sean múltiples divisiones: entre comunidades a un lado y otro de la autopista, entre las comunidades indígenas y los pueblos “interculturales” que seguirán invadiendo el parque, entre los departamentos del Beni y Santa Cruz; además de dividir y dañar el entorno ecológico de fauna y flora inextricablemente ligadas en las condiciones naturales del parque tropical o TIPNIS.

El imaginario del desarrollo fue construido a mediados del siglo XX. A este imaginario le corresponde, según Iván Illich, una imagen del hombre actual y una autoimagen como homo transportandus: el hombre que está en un lugar y siente que en el siguiente momento debe estar en otro lugar.[7] A la luz de este conflicto crítico para la sociedad boliviana sobre la que se ciernen serias amenazas a la vida y la democracia, es cada vez más evidente que el Presidente aymara del Estado Plurinacional ha dejado de ver el mundo con los ojos del marchista indígena que otea el horizonte para encaminarse a su destino, y ha terminado adoptando la visión del hombre que se hace transportar y mira la realidad a través de la ventanilla de su avión presidencial.


Notas:

[1] Ver Wolfgang Sachs (comp.), El diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder. Lima: PRATEC (Proyecto Andino de Tecnologías Apropiadas), 1996. Particularmente, la introducción del ecologista alemán W. Sachs y el ensayo sobre el “Desarrollo” escrito por el mexicano Gustavo Esteva.
[2] Ver Jean Robert, La crisis: el despojo impune. Cómo evitar que el remedio sea mejor que el mal. México: Editorial Jus, 2010 (Serie Conspiratio), p. 171. En los 1980s, Iván Illich intentó dar un nombre y forjar un concepto para el instrumento de nivelación de las culturas mediante el cual el mercado moderno amplía su poder destruyendo la autonomía de la gente: el desvalor, que no es un simple despojo de bienes o territorios sino una desvaloración previa de sus dueños legítimos. Ver I. Illich “El desvalor y la creación social del desecho”. Tecno-política. Doc. 87-03; o también en “OBRAS REUNIDAS II”. México: FCE, 2008.
[3] Ver Majid Rahnema, “Quand la pauvreté chasse la misere” [Cuando la miseria expulsa a la pobreza], Actes Sud, París, 2003
[4] Vandana Shiva,
Recursos
. En Wolfgang Sachs (comp.), op. cit., p. 319
[5] Ver Iván Illich,
La guerra contra la subsistencia
. Cochabamba: Ediciones Runa, 1991.
[6] Ver: Thomas Hobbes,
Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, ecclesiastical and civil.
London, 1951.
[7] Ver Jean Robert,
La lucha de resistencia contra la modernidad
- Congreso Carfree documentado por Iván Alejandro M. Zazueta.

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Televisa es un peligro para México

LA TELEVISIÓN MEXICANA YA IMPUSO SU CANDIDATO

Los dueños del negocio de la televisión, insatisfechos de la experiencia de las dos administraciones panistas, decidieron tomar el poder sin intermediarios; ahora van con candidato propio y aplican en ello el enorme poder de que disponen; crearon la figura, diseñaron y aplicaron el formato, maquillaron al engendro logrado y lo subieron a pantalla para actuar conforme al guión de telenovela favorito. Enrique Peña Nieto es la estrella y México el escenario.

Por Gerardo Fernández Casanova (desde México)


Por lo pronto, en su proyecto privatizador, ya se adueñaron del PRI, de manera tan sutil que los priístas aún se creen dueños de las decisiones de su partido. El verdadero adversario en la contienda electoral del año próximo no es otro que Televisa; Peña Nieto no es más que la mercancía a vender, la que quedará absolutamente sometida al poder que la creó e impuso, que también la puede destruir en caso de falla.

El asunto es grave. No se trata nada más de que la derecha conservadora se mantenga en el poder (de suyo aberrante) sino de que una empresa, por sí sola, se haga del poder absoluto. Ya tenemos ciertos avances con la actual forma de gobernar a base de golpes de propaganda, mentira sobre mentira, creando imágenes bonitas para los amigos y borrando del mapa a los que no lo son; otorgando prestigios y desprestigios a su antojo, contando con una masa descerebrada que obedece sus dictados disfrazados de noticias o análisis; aderezados de teletones altruistas, efemérides patrioteras, telenovelas enajenantes, concursos inanes, comicidades degradantes o violencia impresionante.

Me viene a la mente un botón de muestra, a sabiendas de que corro el riesgo de involucrarme en el desprestigio que la televisora generó: me refiero al caso de René Bejarano a quien se le endilgó el venenoso apodo de “el señor de las ligas”. En un juicio sumario basado en la imagen de un video en que el sujeto recibe una tamalada de billetes, convirtieron a un dirigente social y servidor público comprometido en el villano favorito, sin dar lugar a explicación alguna; simplemente lo destruyeron en el afán de destruir al, ya para entonces peligroso, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

No obstante que en los propios videos queda claro que la recepción del dinero no implicaba compromiso alguno de contraprestación: a la petición de Ahumada de que interviniera ante AMLO para que cesaran las auditorías a sus contratos de obra, Bejarano respondió en el sentido de no poder comprometerse por conocer la actitud del aludido. Bejarano fue defenestrado y sometido a proceso penal, tanto por el ministerio público local como por el federal, del que resultó exonerado por no acreditarse delito alguno en su actuación. Además de haber quedado claro el complot armado en su contra.

Pero el daño estaba hecho y Televisa, en calidad de juez, había dictado su sentencia condenatoria inapelable. Del árbol caído todo mundo quiso hacer leña, incluidos sus conspicuos compañeros de partido: eliminado Bejarano, los chuchos pudieron adueñarse del PRD; mucha gente de buena fe cayó en el engaño y se avergüenzan por el enlodado. Bejarano reconoció errores y continúa su lucha política. Es hora de reconocerle el prestigio robado.

En contraste de lo ocurrido con el caso Bejarano, el del llamado Pemexgate, que transfirió mil quinientos millones de pesos de PEMEX a la campaña de Labastida en el 2000, ha pasado al olvido, sin procesados ni defenestrados. Todo queda en familia y la televisora es pariente: perro no come perro. Estoy cierto de que mi generación no conoce de buenos gobiernos, pero podemos imaginarnos uno peor: Televisa y sus marionetas en el poder. Por favor ¡No lo permitamos!

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Troy Davis y la maquinaria de la muerte

ESTADOS UNIDOS: UNA NUEVA CONDENA DUDOSA PONE EN JAQUE A LA PENA DE MUERTE

Troy Davis Davis fue condenado a pena de muerte por el asesinato de un oficial de policía ocurrido en 1989, aunque no había pruebas materiales que lo vinculen con el hecho. Su fecha de ejecución había sido postergada tres veces y con cada nueva fecha, la sensibilidad mundial hacia el caso aumentaba.


Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


La muerte de Troy Anthony Davis estaba programada para el pasado 21 de septiembre a las 7 de la tarde. Ese día me encontraba informando desde las inmediaciones del “Pabellón de la muerte”, en la prisión de Jackson, Georgia. Estábamos expectantes, aguardando novedades sobre si la Corte Suprema le perdonaría la vida.

Davis fue condenado a muerte por el asesinato del oficial de policía de Savannah Mark MacPhail, ocurrido en 1989. Siete de los nueve testigos civiles se retractaron de sus declaraciones o cambiaron luego su testimonio, y algunos incluso afirmaron que dieron testimonios falsos tras sufrir intimidación policial. Uno de los dos testigos que no se retractaron de su testimonio es el hombre al que muchos señalaron como el verdadero autor del homicidio. No hay pruebas materiales que vinculen a Davis con el hecho.

Davis era uno de los más de 3.200 prisioneros condenados a pena de muerte en Estados Unidos. Su fecha de ejecución había sido postergada tres veces y con cada nueva fecha, la sensibilidad mundial hacia el caso aumentaba. Amnistía Internacional asumió su causa, al igual que la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). Hubo pedidos de clemencia del Papa, del ex Director del FBI William Sessions y del ex congresista republicano de Georgia Bob Barr. Tras otorgar la suspensión de la ejecución en 2007, la Junta de Perdón y Libertad Condicional del estado de Georgia expuso entre sus fundamentos que “no se permitirá que ninguna ejecución proceda en este estado a menos...que no haya dudas acerca de la culpabilidad del acusado”.

Pero es justamente esa duda la que generó tanta indignación a nivel mundial con respecto a su causa. Mientras esperábamos, la multitud congregada alrededor de la prisión fue creciendo. Llevaban pancartas con mensajes como “Demasiadas dudas” y “Yo soy Troy Davis”. Se realizaron vigilias en todo el mundo, en países como Islandia, Inglaterra, Francia y Alemania. Ese mismo día, las autoridades de la prisión nos entregaron un escueto material con información para la prensa, donde se indicaba que a las 3 de la tarde Davis sería sometido a un examen médico de rutina.

¿Un examen médico de rutina? En una iglesia local situada en la misma calle de la prisión, Edward DuBose, presidente de la sede de la NAACP en Georgia, dio un discurso junto a defensores de derechos humanos, miembros del clero y familiares que venían de ver a Davis. “Tuvimos que concluir nuestra visita a Troy porque iban a hacerle un examen médico para asegurarse de que está en buen estado físico, para poder amarrarlo e inyectarle la sustancia letal en el brazo. No se confundan: lo llaman ejecución; nosotros lo llamamos homicidio”.

Davis rechazó recibir una comida especial. El material de prensa describía la comida que le ofrecerían a Davis, la misma que la del resto de los presos: “Hamburguesas a la parilla, papas al horno, frijoles, col, galletitas y bebida de uva”. También detallaba el cóctel letal que vendría después: “Pentobarbital. Bromuro de pancuronio. Cloruro de potasio. Ativán (sedante).” El pentobarbital anestesia, el bromuro de pancuronio paraliza y el cloruro de potasio detiene el corazón. Davis no quiso el sedante ni su última cena.

A las 7 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estaba estudiando el pedido de aplazamiento de Davis. El caso había sido enviado al juez de la Suprema Corte Clarence Thomas, que es originario de Pin Point, Georgia, una comunidad fundada por esclavos liberados cerca de Savannah, donde vivía Davis.

Los gritos de clemencia se hicieron más fuertes. Allen Ault, ex guardia del pabellón de los condenados a muerte de Georgia —que supervisó cinco ejecuciones allí—, envió una carta al Gobernador de Georgia, Nathan Deal, co-firmada junto a otros cinco guardias y directores de prisiones estatales jubilados. La carta decía: “Si bien la mayoría de los prisioneros en cuyas ejecuciones participamos asumieron la responsabilidad de los delitos por los que se los castigó, algunos de nosotros también ejecutamos prisioneros que afirmaron su inocencia hasta el final. Esos son los casos que jamás se olvidan”.

La Corte Suprema negó la petición. La ejecución de Davis comenzó a las 22.53. Un portavoz de la prisión dio la noticia a los periodistas que esperaban afuera: “Hora de la muerte: 23.08”.

Los testigos de la ejecución salieron. Un periodista de Associated Press que estuvo allí relató las últimas palabras de Troy Davis: “Quería hablar con los familiares de MacPhail y dijo que a pesar de la situación en la que se encontraban, él no había sido el culpable. Dijo que no fue personalmente responsable de lo que sucedió aquella noche, que no tenía un arma. Les dijo a los familiares de MacPhail que lamentaba su pérdida, pero también dijo que él no fue quien le quitó la vida a su hijo, padre o hermano. Les pidió que investigaran el caso en mayor profundidad para descubrir la verdad. También pidió a su familia y amigos que no dejaran de rezar, que continuaran luchando y que no perdieran la fe. Y luego le dijo al personal de la prisión: 'A quienes van a quitarme la vida, que Dios se apiade de ustedes'”.

El estado de Georgia llevó el cuerpo de Davis a Atlanta para realizarle una autopsia, y le cobró los gastos de transporte a su familia. En el certificado de defunción de Davis figura como causa de la muerte simplemente “homicidio”.

Mientras me encontraba en las inmediaciones de la prisión, inmediatamente después de que Troy Davis fuera ejecutado, el Departamento de Cárceles amenazó con cortar nuestra transmisión. El espectáculo se había terminado. Alguien me recordó las palabras de Gandhi cuando le preguntaron qué pensaba acerca de la civilización occidental. Dijo: “Creo que sería una buena idea”.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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