9 de diciembre de 2010

Poner límites

HISTÓRICO CONFLICTO ENTRE TICOS Y NICAS

La draga en el nicaragüense río San Juan provocó las protestas de Costa Rica por los supuestos efectos medioambientales derivando en el envío de 70 policías fuertemente armados a la zona, lo que fue replicado con Nicaragua con un contingente. Historia de un límite poco claro.

Por Marcelo J. Levy


Un problema afrontan hoy dos países de nuestra región por un viejo tema de conflicto, el río San Juan, que bordea parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, un espacio selvático de 200 kilómetros de longitud que nace en el Lago Cocibolca en el sur nicaragüense y desemboca en el mar Caribe. Un área habitada por animales y un escasísimo número de seres humanos. Ese es el escenario del litigio.

El Río San Juan siempre ha sido y es nicaragüense. Uno de los factores que motivó la presencia colonial española en el actual territorio de Nicaragua, desde 1523, fue la posibilidad de una comunicación interoceánica en nuestro territorio a través de un estrecho, el estrecho dudoso, que debía existir y que comunicara la Mar del Norte (el Atlántico) y la Mar del Sur (el Pacífico), uniéndola a través del Lago Cocibolca (la Mar Dulce) y el Río San Juan, hasta llegar a El Desaguadero, hoy llamado San Juan de Nicaragua.

Nicaragua fue reconocida como provincia española en 1527, y como tal se continúo con el interés de encontrar la comunicación interoceánica a través del Río San Juan. El Desaguadero fue descubierto en 1539 desde Nicaragua, bajo la administración de Rodrigo de Contreras, por los expedicionarios Alonso Calero y Diego Machuca.

La provincia de Costa Rica fue reconocida así casi 50 años después, en 1573, en virtud de la capitulación (orden y documento oficial) de Felipe II, nombrando a Artieda y Cherinos gobernador de Costa Rica y al mismo tiempo fijando los límites de ambas provincias, en los que quedó establecido que el Río San Juan y los territorios de Nicoya y Guanacaste son de Nicaragua, permaneciendo así hasta la Independencia en 1821.

Al declararse la independencia de España en1821, fue aplicado el conocido precepto del derecho internacional de uti possidetis juris a favor de Nicaragua (la conservación de los límites coloniales de Nicaragua), los cuales luego fueron asumidos o ratificados por la Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América del 22 de Noviembre de 1824, integrada por los cincos estados centroamericanos desde 1824 a 1842, y en la que se estableció que el Partido de Nicoya (entidad político-administrativa) y el Río San Juan -con el cual Costa Rica nunca había tenido nexo y derecho alguno- pertenecían enteramente a Nicaragua.

A inicios del Siglo XIX Nicaragua había hecho una cesión temporal del Partido de Nicoya a Costa Rica; sin embargo por múltiples factores (interés expansionista de Costa Rica, debilidad del Estado nicaragüense, permanentes conflictos entre la clase política nica y la demanda oportunista tica por su participación en la Guerra Nacional –pedía Nicoya-Guanacaste, el Río San Juan y posesiones en el Gran Lago-), condujo a que Costa Rica se quedara con ese territorio, lo que se hizo definitivo con el Tratado Cañas-Jerez de 1858, en virtud de lo cual Nicaragua perdió 13 mil kilómetros cuadrados, pero manteniendo la soberanía exclusiva del Río San Juan.

Frente a esta historia del río limítrofe pasamos a la última década. Cuando el gobierno del entonces presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002) prohibió el paso por la vía acuática de guardias civiles costarricenses armados, Costa Rica se quejó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la que estableció, en julio de 2009, el derecho de los ticos a la navegación en el río San Juan solo con fines comerciales, no así la libre navegación de policías de ese país.

Ahora, el San Juan se seca en época de verano tanto los sedimentos como la basura que arrastra lo han hecho casi inaccesible. Los nicas quieren recuperarlo, por lo que han puesto en marcha todo un sistema de dragado que lo hará navegable y le devolverá su uso en beneficio del desarrollo económico y social del país, y además evitar también, según ha reiterado el Gobierno de Managua, que se convierta en un corredor del narcotráfico en Centroamérica.

Es a propósito del inicio de esas labores de limpieza, hace unas semanas, que Costa Rica acusó a su vecino de haber arrojado sedimentos en su orilla y envió un contingente de policías de frontera fuertemente armados bajo la excusa de que Nicaragua tiene desplegado parte de su ejército en la zona, acción que el Gobierno de Daniel Ortega ha explicado en varias ocasiones, al argumentar que los militares solo evitan que el río se convierta en un sendero accesible para los narcotraficantes, problema que afecta tanto a un Estado como al otro.

Una escalada de tensiones comenzó entre ambos países cuando el Gobierno tico inculpó a su vecino de invadirlo militarmente y llevó la acusación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde una vez más el organismo demostró su incapacidad para resolver los problemas de la región, y se limitó a declarar a Nicaragua como culpable.

Ante ello, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reiteró que su Gobierno se mantendrá al margen de esa instancia y amenazó con abandonarla, al tiempo que apuntó que es la CIJ la única instancia que tiene competencia en este tipo de litigios internacionales.

Durante una reunión con representantes de los diversos poderes del Estado que respaldan la decisión de Managua, el primer mandatario nica instó a su vecino a reanudar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y le recordó el fuerte golpe propinado hace solo unos días al tráfico de estupefacientes que usa la ruta Colombia-Panamá-Costa Rica y que pretende sentar bases en toda esa zona.

Agregó Ortega que, de no detenerse, ese trayecto se prolongaría por el Caribe hacia Honduras, luego Guatemala, México, hasta EE.UU., donde está el gran mercado de la droga.

Una vez más, la OEA estimula la confrontación entre dos naciones hermanas. La reactivación de comisiones binacionales, como le ha pedido Ortega a su par costarricense para legalizar pacíficamente el deslinde, debió ser el camino propuesto por ese grupo para el desenlace. Un discurso único que abogue por el raciocinio y no por la discrepancia, sería la solución perfecta.

Las razones son sobradas para reclamar la soberanía, pero lo cierto es que, como suele suceder, el imperialismo norteamericano vuelve a meter la cola para intentar sacar réditos en la región. Habrá que ver como avanza este conflicto entre pueblos hermanos.




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