LA CORTE SUPREMA Y EL GOBERNADOR DE SANTA CRUZ, LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALESEn las últimas semanas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen siendo protagonistas de la política y de la información, ya sea como cuerpo, o de manera individual: el 14 de septiembre denunciaron penalmente al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por incumplir con dos pedidos del tribunal para reincorporar al Eduardo Sosa en su cargo de procurador. Tres días más tarde la jueza Argibay hizo provocativas declaraciones acerca de eliminar los crucifijos de las salas de audiencias tribunalicias y sobre la despenalización del aborto; el martes 28 los supremos tuvieron que escuchar que Hebe de Bonafini los llamara turros en un acto organizado por el kirchnerismo para presionar por el fallo sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; al día siguiente, Bonafini redobló la apuesta y acusó de coimero al presiente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y, finalmente, el 5 de octubre se conoció la decisión unánime de los ministros avalando parcialmente la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín con respecto al artículo 161 de la mencionada ley.
Por Marcelo R. Pereyra
UN GOBERNADOR DESOBEDIENTE
Corría 1995. En el país gobernaba la banda de forajidos capitaneada por Carlos Menem y en Santa Cruz el amo y señor era un tal Néstor Kirchner. La provincia sureña estaba de parabienes, pues el gobierno nacional había decidido transferirle quinientos millones de dólares en concepto de regalías petroleras. Pero el cobro de las regalías parece que era muy complicado, entonces don Néstor contrató a un estudio de abogados, que parece que tuvieron una atención con él. El Procurador de la provincia, Eduardo Sosa, parece que olió algo podrido en el asunto y decidió investigar. Pero a don Néstor no le gustó y armó una intrincada maniobra legislativa que puso a Sosa camino a su jubilación. El ahora ex procurador empezó a fatigar tribunales tratando de ser repuesto en su cargo, y quince años más tarde, el 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó al actual gobernador santacruceño, Daniel Peralta, reponer a Sosa en su sillón procuradorial. Pero don Peralta se negó, y como no era la primera vez que lo hacía la Corte lo denunció por desobediente en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Seis de los siete supremos estuvieron de acuerdo en que “la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte".
La reacción de don Néstor y de la presidenta Cristina Fernández fue respaldar a Peralta y criticar a la Corte que ellos contribuyeron a conformar. Doña Cristina llegó a decir, con el particular humor que la caracteriza, que Peralta debía resistir la posibilidad de una intervención que podría dictar el Congreso, y que en caso de ser necesario le daría asilo político en la residencia presidencial de Olivos. Defraudado con los supremos, Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, se sinceró en una reunión con conmilitones: “Nosotros (por el Gobierno) no los elegimos para hacer lo que hacen”.
UNA JUEZA DIFERENTE
La red PAR, un colectivo integrado por 140 periodistas –mujeres y varones- de 14 provincias, que lucha por una comunicación no sexista, celebró su quinto encuentro en la ciudad de La Plata. En ese marco, organizó un reportaje público a Carmen Argibay. La jueza suprema, al referirse a una disposición del gobernador de Salta de imponer la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, opinó que “el Estado es laico. Quien quiera dar educación religiosa a sus hijos, de cualquier religión, puede mandarlo a una escuela confesional o enseñarle en su casa, pero la escuela pública no puede ser confesional”. Como lo mismo ocurre con la Justicia, afirmó que deberían sacarse todos los crucifijos de las salas de audiencias de los tribunales. “Tener un símbolo religioso condiciona –dijo Argibay-. En un tribunal oral los testigos juran por sus creencias, no le preguntamos cuáles, pero atrás hay un crucifijo que puede influir mal, el testigo puede considerarlo una discriminación”.
Argibay también se metió en el áspero asunto de la despenalización del aborto. Consideró que es un momento propicio para debatir la cuestión en el Congreso: “Las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad quiere que se debata y cree que el aborto clandestino y sin asepsia es la causa de la muerte de muchas mujeres jóvenes, pobres e ignorantes”. Aunque admitió que en el otro rincón está la poderosa e influyente iglesia católica: “La ‘santa madre’ todavía tiene mucha fuerza y ha llegado a amenazar con la excomunión a legisladores, por ejemplo para no votar mi nombramiento”, sostuvo. Para la jueza, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa no tener una ley de aborto razonable “y también de que es posible dictar leyes que signifiquen no una obligación sino un permiso, como el matrimonio igualitario. Nadie obliga a casarse, es un permiso, lo usa quien quiera. Si la Iglesia se opone al aborto, que se oponga para sus fieles, ¿pero por qué va a obligar a los demás?”.
Por supuesto que estas afirmaciones no cayeron bien en sectores católicos. Por ejemplo, el arzobispo de Luján de Cuyo, monseñor Alfonso Delgado, le sugirió a Argibay que también habría que “legalizar las coimas”. Por su parte, el mediático cura Luís Farinello opinó que el crucifijo “no es algo que identifica sólo a los cristianos, sino que es un símbolo de amor que va más allá de la Iglesia”. Desde la otra vereda, el rabino Daniel Goldman consideró que hay que abogar “por un Estado laico, por lo cual habría que retirar todos los símbolos religiosos de los lugares públicos”.
Al abordarse el tema de prostitución, la ministra dijo ser partidaria de penalizar a los clientes, es decir a los prostituyentes, tal como ocurre en algunos países de Europa. Y con respecto al delito de la trata de personas afirmó: “Las organizaciones de trata son muy poderosas. Muchas veces los políticos y la policía están metidos en el tema. Es imprescindible instalar el tema, no lo veo instalado. Y es importante dejar de repetir que tenemos programas magníficos para la trata si los programas no tienen presupuesto ni personal especializado”.
LA POLÍTICA CRISPADA
El Grupo Clarín había presentado a fines de 2009 un recurso de amparo contra el artículo 161 de la meneada ley de servicios de Comunicación Audiovisual. Ese artículo es la razón de ser de la norma. Todos los demás están de adorno. ¿Por qué? Porque como ya se ha dicho en esta columna, la motivación principal de la ley no fue ni la “democratización del espectro radioeléctrico” ni el “fomento de la pluralidad de voces”, u otras frases tan falsas y rimbombantes como éstas. La ley fue pensada exclusivamente para castigar al Grupo Clarín por su postura contraria a la resolución 125 –sobre retenciones a la exportación de granos-, y su consecuente apoyo a la protesta que la medida provocó en los medianos y pequeños productores agropecuarios.
Como quiera que sea, el mencionado articulejo disponía que los multimedios tendrían un año de plazo para desprenderse de las licencias que ya no podrían titularizar de acuerdo con la nueva ley. El Grupo Clarín adujo en su presentación judicial que el artículo 161 es inconstitucional porque las licencias de sus radios y señales de TV tienen vigencia hasta 2015. Un juez de primera instancia concedió el recurso; los abogados del gobierno apelaron, pero volvieron a perder en segunda instancia.
Así, a principios de 2010, la causa fue elevada a la Corte. Y apenas llegó comenzaron las presiones sobre sus integrantes: primero fueron reservadas, pero a medida que el tiempo pasaba y no había fallo en el gobierno se empezaron a poner nerviosos sospechando una decisión adversa. En consecuencia renovaron las presiones, pero ahora fueron públicas y culminaron con el acto que la militancia K y el gobierno organizaron en la plaza Lavalle. Y allí apareció en escena Hebe de Bonafini repartiendo insultos y acusaciones contra una Corte que se había transformado en el “enemigo principal”. Bonafini trató de turros a los ministros, acusó de coimero al presidente de la Corte y llamó a tomar el Palacio de Tribunales “si no nos dan lo que queremos”. Al día siguiente, nadie del gobierno repudió sus dichos: los apoyaron con un estruendoso silencio. Hasta Eugenio Zaffaroni, el ministro más cercano al oficialismo, disculpó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo diciendo: “Es Hebe…”.
(Turro,a: Adj. y s., Argentina y Uruguay. Se dice de la persona desvergonzada y de malas intenciones. Diccionario Larousse).
JUSTICIA PARA TODOS
Unos días después –“la vida te da sorpresas”- el mismo Zaffaroni firmó, junto al resto de los ministros, el fallo por el cual la Corte ratificó la suspensión del 161. De esta forma, al no haber todavía un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín no tiene la obligación de desprenderse de sus activos-medios por lo menos hasta dentro de un año, plazo que se estima “razonable” para que tal pronunciamiento tenga lugar. En el texto del fallo, los ministros fueron particularmente insidiosos al recordar que las licencias que el Grupo quiere conservar fueron graciosamente prorrogadas por diez años por un decreto de Néstor K de 2005.
De acuerdo con demoníacas especulaciones de políticos opositores, el plan gubernamental era despojar al Grupo de algunas de sus joyas para entregárselas a empresarios amigos, como por ejemplo Sergio Szpolski o Diego Gvirtz, que harían una militante y fervorosa campaña a favor del candidato oficialista en las próximas elecciones presidenciales que, si la salud se lo permite, sería don Néstor. Como sea, el fallo no cayó bien en las filas kirchneristas. Varias de sus figuras hicieron oír su desagrado: el jefe de la bancada de senadores, Miguel Ángel Pichetto, lo lamentó “profundamente”, y un aliado del gobierno, el banquero Carlos Heller, se quejó de que “los grupos privados impongan su voluntad corporativa”. No obstante, llamativamente el matrimonio presidencial negó la derrota. Kirchner, que hacía una semana había calificado a la Corte como “vergonzosa”, recomendó analizar el fallo “objetivamente”, y doña Cristina, siempre con su fina ironía, celebró en un tweet: “Buena Noticia, los fallos de la CSJN no los redacta Magnetto. Tampoco los firma Morales Solá ni Van der Kooy”.
(Negación: mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás. Wikipedia).
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