9 de septiembre de 2010

Bochornoso papel

SIGA EL CIRCO: EL GOBIERNO RENUEVA SU OFENSIVA CONTRA EL GRUPO CLARÍN

Ahora le tocó a otra de las joyas de la abuela: Papel Prensa. El gobierno, en el marco de su cerril enfrentamiento con el Grupo Clarín, decidió reflotar una causa judicial que dormía desde hace treinta años el sueño de los expedientes olvidados. El aparatoso anuncio fue realizado hace quince días por la presidenta Cristina Fernández. Gracias a ésta y a otras medidas gubernamentales –el cierre de Fibertel, por ejemplo- en los últimos meses los medios hegemonizan la agenda de los medios, dejando en un segundo plano otras problemáticas tan o más importantes para la vida de millones de argentinos

Por Marcelo R. Pereyra


OSCURO PASADO

La Argentina tiene un tramo de su pasado que debe ser el más sombrío y tenebroso de su historia: la dictadura militar de 1976-1983. Toda la violencia, toda la crueldad, toda la locura de las que es capaz un ser humano están comprendidas en él. Nunca como entonces se derramó tanta sangre de compatriotas, nunca se violaron tantos derechos ni tantas leyes, nunca un poder político-militar ejerció una fuerza tan desmedida y demencial: secuestros, robos, torturas, desapariciones, asesinatos, violaciones y apropiaciones de bebés. En aquella época la barbarie militar dispuso a su antojo de la vida y de la hacienda de miles de personas. En este último sentido cabe recordar que empresarios-amigos de los golpistas aprovecharon la volada para embolsarse propiedades y empresas propiedad de los caídos en desgracia. En lo que concierne a las empresas periodísticas el caso paradigmático fue el del diario La Opinión. Jacobo Timerman, su director, primero fue un firme defensor del golpe del 76, pero más tarde denunció la violencia criminal de la dictadura. Claudio Escribano, luego subdirector de La Nación, pronunció en la asamblea de 1981 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un discurso para descalificar esas denuncias. Timerman fue secuestrado, torturado y despojado de La Opinión. Y luego está lo de Papel Prensa y su sospechada venta a Clarín, La Nación y La Razón, con delitos de lesa humanidad cometidos por los propietarios de esos diarios de por medio.

VENTUROSO FUTURO

Papel Prensa fue fundada en 1972, pero su planta de producción, ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, recién fue inaugurada el 27 de septiembre de 1978. En dicha ocasión brindaron por el venturoso futuro de la empresa el dictador Videla y la propietaria del diario Clarín, Ernestina Herrera, viuda de Noble (ver foto). Doña Ernestina concurrió a aquel ágape en su calidad de accionista de Papel Prensa, rol al que había accedido en noviembre de 1976, cuando la familia del banquero David Graiver cedió –vendió- sus acciones a una sociedad conformada por el Estado junto con los diarios Clarín, La Nación, La Razón. Seis meses después, algunos integrantes de la familia fueron secuestrados por orden del general Camps. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires se había propuesto recuperar el dinero que la organización Montoneros le había transferido al banquero Graiver –ex funcionario del gobierno del dictador Lanusse- para que lo pusiera a trabajar. Con tan loable intención, Camps torturó criminalmente a los secuestrados sin lograr resultados satisfactorios.

En 1986, el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de la Argentina, Ricardo Molinas, inició una investigación sobre Papel Prensa. En su dictamen afirmó que "la participación del Grupo Graiver en Papel Prensa implicó un grave perjuicio para la empresa, en especial en la época de la muerte o desaparición de David Graiver y luego de la quiebra del grupo iniciada con los bancos que poseía en el extranjero, la cual trajo aparejada una aguda insolvencia". Molinas criticó la actuación de las dictaduras 1966-1973 y 1976-1983 por no controlar en forma adecuada a los distintos accionistas de la empresa y omitir efectuar denuncias al respecto. Nada se dijo entonces de apremios ilegales o delitos de lesa humanidad. Hasta que el pasado 25 de agosto la presidenta anunció que presentaría una denuncia de apropiación fraudulenta de las acciones clase A de Papel Prensa S.A., por parte de los directivos de Clarín, La Nación y La Razón. Y además relacionó dicho hecho con los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas los integrantes de la familia Graiver. A quince días de esos anuncios, la denuncia aún no ha sido presentada. Cristina Fernández también envió al Congreso un proyecto de ley por el cual se declara de “interés público” la fabricación de papel para diario. Por el momento, en la Cámara de Diputados el oficialismo va perdiendo la batalla por pasar a discutir rápidamente el proyecto presidencial.


GLORIOSO PRESENTE

De pronto, sorprendentemente, en la Argentina el papel para diarios parece haberse convertido en un insumo estratégico. Y sin embargo, no lo es. Lo era hace treinta años, pero no en la actualidad cuando el precio internacional ha bajado bruscamente porque en todo el mundo cada vez se imprimen menos diarios. En los ’70 los diarios argentinos importaban el papel de los países del norte de Europa; hoy lo pueden importar de Chile a un precio similar o incluso inferior al que cobra Papel Prensa. Por eso se equivoca el gobierno cuando pretende controlar la producción y distribución de este insumo pensando en que de esa manera perjudicará a los accionistas mayoritarios; y estos se equivocan al denunciar que si el gobierno se apropia de papel Prensa podrá controlar a toda la prensa gráfica nacional. La empresa ya no tiene en el mercado la posición dominante que disfrutó las décadas pasadas a cambio de imprimir elogiosos titulares para con el dictador de turno.

Toda concentración empresarial, toda hegemonía en un mercado, son prácticas perniciosas que permiten los abusos en perjuicio de las empresas más débiles. Lo deberían saber los empresarios y economistas, y los medios que operan como sus voceros, que pregonan a voz en cuello la libertad de empresa. Y el gobierno no debería fomentar esas prácticas a favor de sus empresarios-socios. El Grupo Clarín no es el único oligopolio que hay que combatir: están las empresas mineras, las telefónicas y las sojeras, pero la pelea gobierno-Clarín es funcional para invisibilizar los estragos que cometen todas ellas. Y en esto, curiosamente, ambos contendientes son cómplices. ¿Por qué será?
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