Silvia Suppo presente… ahora y siempre

SOSPECHOSO ASESINATO DE TESTIGO EN JUICIO A REPRESORES DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR

Aunque la policía santafesina detuvo a dos jóvenes, que ya habrían confesado ser los autores del robo y el crimen, su familia exige que no se descarte la hipótesis del móvil político.

Por Cecilia Litvin


Son muchas las cosas que aún no cierran. Por lo pronto, los investigadores apuntaron desde un primer momento al robo. No tuvieron en cuenta quién había sido la mujer que habían asesinado. Como si el haber recibido montones de amenazas durante años no fuese suficiente para al menos dejar abierta la posibilidad a una segunda hipótesis. Ahora, que los jóvenes confesaron ser los supuestos autores del crimen y argumentaron haber estado borrachos y drogados, los investigadores aseguran que de todos modos evaluarán si no hay algo más detrás de este hecho.

Según los hijos de Silvia, Hugo y Marina, su madre nunca se habría resistido a un robo. “Tenía un nieto y muchos motivos para vivir”. Si Silvia no se resistió al robo, ¿cómo se explican las nueve (o doce, según distintas versiones) puñaladas recibidas? Puñaladas que muchos señalan como realizadas por expertos (¿expertos borrachos y drogados?). El local de Silvia estaba apenas desordenado, y sólo faltaban algunas mercaderías, dejaron en cambio una notebook y dinero. Tampoco hay antecedentes de un robo de estas características en Rafaela. El hecho, además, ocurrió sólo cinco días después del aniversario número 34 del último golpe de estado.

Es tragicómica la forma en que algunos medios han tomado, o invisibilizado, esta noticia. Por lo pronto, Clarín publicó recién en su edición impresa de hoy algo referido al tema. En su sección de breves “Delitos y Justicia”, informó sobre la detención de los jóvenes. En otros medios, como La Nación, sólo se mencionó como única hipótesis la del robo. Ni una palabra sobre una posible pista política. Y eso que los atentados y amenazas contra testigos y querellantes de juicios por delitos de lesa humanidad de todo el país son moneda corriente.

De hecho, el viernes pasado los organismos de Derechos Humanos que integran la Comisión Directiva del Centro Popular de la Memoria de Rosario (ubicado donde funcionaba el centro clandestino de detención que pertenecía al servicio de informaciones de la policía de la Provincia de Santa Fe) denunciaron que el edificio fue atacado por desconocidos durante la madrugada. Y no es la primera vez que ocurre.

Es que según denuncian organismos de Derechos Humanos de la provincia, es habitual que las noches previa y posterior al 24 de marzo, se sucedan hechos intimidatorios. Volanteadas y pintadas a favor de la dictadura. Este año les tocó a la Universidad Nacional del Litoral y el Colegio Inmaculada.

Lo que no es tragicómico, pero sí indignante son algunas reacciones del Ejecutivo local. Según informaron representantes de organismos de Derechos Humanos, la vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio, había lamentado que Suppo no haya aceptado formar parte del Programa de Protección a Testigos. Lo indignante es que muchas personas que sí aceptaron ingresar al programa hayan sido igualmente amenazadas.

Silvia Suppo fue secuestrada a los 17 años en 1977, en Rafaela, junto a su hermano y un amigo (Jorge Destéfani, que luego sería su esposo y padre de sus dos hijos). Estuvo detenida en un centro clandestino de Santa Fe donde fue torturada y violada (hecho por el que quedó embarazada y luego obligada a abortar).

El año pasado declaró en el juicio por el que fueron condenados el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Mario José Fascino, Héctor Colombini y Eduardo Ramos. Ahora Silvia estaba impulsando, como querellante y testigo, la causa por la desaparición de Reinaldo Hattemer, su pareja en 1977.

Lo sucedido con Silvia y las permanentes amenazas son claras demostraciones de lo imprescindible que es que haya Justicia en Argentina. Absolutamente todos los represores deben ser juzgados y condenados a cárcel común, como así también los responsables civiles.

Quizás hoy suene utópico si se toma el caso de Antonio Domingo Bussi, quien esta semana fue separado del juicio por los crímenes cometidos en Jefatura de Policía, luego de que las audiencias se postergarán en dos oportunidades. Un informe del forense de la Corte Suprema local indicó que el represor “está imposibilitado de participar en las audiencias del actual proceso oral y público”. Los abogados querellantes reconocieron, con dolor, que la separación del genocida era la única salida para que el juicio dejara de dilatarse. El tribunal tomó la decisión el martes. Hoy jueves Bussi fue dado de alta y trasladado a su residencia en Yerba Buena, donde continuará con su “sufrido” arresto domiciliario.

El camino a la Justicia está lleno de obstáculos, pero de alguna manera habrá que llegar.

Fuentes: La vaca / Programa La Mar en Coche FM La Tribu / Contrapunto / APDH Rosario
http://www.redeco.com.ar/

http://www.contracultural.com.ar/

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