MAURICIO MACRI REAVIVA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZAMauricio Macri se ufana de haber creado la Policía Metropolitana para combatir la “inseguridad”, pero nadie sabe dónde están ni para qué sirven los policías de la ciudad. El ex jefe de esa fuerza, Jorge Palacios, fue procesado por haber creado una asociación ilícita para realizar escuchas ilegales. El alcalde porteño fue citado a declaración indagatoria en la misma causa, pocos días después de haber propuesto reformar el Código de Convivencia para penalizar a cuidacoches, limpiavidrios y a quienes se manifiesten con la cara tapada.
Por Marcelo R. Pereyra
DELITO, MARGINALIDAD Y CONTROL SOCIAL
Dijo Mauricio Macri sin ponerse colorado: “Hay que dejar de lado los prejuicios ideológicos y la politiquería barata y sentarse en la Legislatura a votar algo inteligente y moderno”. Se estaba refiriendo a su “moderno e inteligente” proyecto de reforma al Código Convivencia Urbana, que propone penar con hasta cinco días de cárcel a los cuidacoches y limpiavidrios y con cuarenta días a los manifestantes que porten “armas no convencionales” y lleven sus rostros tapados. Sería muy ilustrativo preguntarle al Lord Mayor de la ciudad de Buenos Aires a qué prejuicios ideológicos está aludiendo. ¿Serán tal vez los de él? ¿Esos que, obsesivamente, lo llevan a pensar que detrás de cada pobre, cada linyera, cada mendigo, hay un delincuente? ¿Y qué es la politiquería, en especial la barata? ¿Acaso hay una politiquería cara?
A mediados de la década de los ‘90 en las calles de Buenos Aires se hizo cada vez más visible el empobrecimiento generalizado consecuencia de las políticas neoliberales: niños mendigos, cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes, personas sin techo y marchas piqueteras. En forma paralela comenzaron a aumentar significativamente los delitos contra la propiedad. Rápidamente los sectores medios y altos, las autoridades políticas y los medios de comunicación establecieron una estrecha correspondencia entre ambos fenómenos. Es decir, entre el delito y ciertas conductas consideradas como desviadas. Reaparecieron entonces los reclamos por más orden, seguridad y más control para con los sectores populares marginados.
La Policía Federal exhibía con orgullo una imagen de eficacia preventiva en el aspecto contravencional, pero ocultaba su escasa capacidad en la lucha contra el crimen, porque había un desorbitado número de detenciones por los Edictos Policiales, pero muchísimas menos por delitos comprendidos dentro del Código Penal. En 1995 las detenciones policiales por contravenciones se elevaron a 150.880, a las que habría que agregar muchas otras por averiguación de antecedentes y/o identidad. Por la arbitrariedad que caracterizó a la mayoría de ellas, puede decirse que estas detenciones llegaron a conformar un sistema penal paralelo e ilegal que fue avalado por todas las instancias del Poder Judicial. Incluso la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de los Edictos. Por otro lado, la capacidad recaudatoria de la Policía Federal también había aumentado: en tanto que más personas obtenían recursos de su actividad informal en la vía pública, mayor era la posibilidad de exigirles un “permiso” para desarrollarla.
Operando libremente, sin tener que rendir cuentas ni ser cuestionada por ninguno de los tres poderes republicanos, la Policía Federal parecía haber obtenido para siempre el control del espacio público porteño. Se la había facultado para regular las conductas y las actividades, tanto las legales como las informales -o las de status equívoco-, y utilizaba las detenciones por edictos como mecanismo de recaudación, control e intimidación.
Pero cuando se comenzó a debatir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires muchos diputados se propusieron poner fin a este abuso funcional. En efecto, la Constitución sancionada en 1996 dispuso la sanción de un código de contravenciones que reemplazaría a los Edictos Policiales y en el que expresamente deberían estar prohibidas las detenciones preventivas en materia contravencional. Distintos proyectos del código comenzaron a debatirse y fueron agrupados por la información periodística en "duros" y "garantistas". Los referentes del segundo grupo creían conveniente sustraerle a la Policía Federal la posibilidad de efectuar detenciones arbitrarias. La institución policial presionó fuertemente sobre la Legislatura cuando advirtió que si triunfaba el "garantismo" mermaría su recaudación ilegal. Los funcionarios policiales señalaron a través de la prensa que sin los Edictos no tendrían forma de combatir el delito.
Al sancionarse el Código de Convivencia Urbana, en marzo de 1998, se desactivaron los Edictos Policiales, pero a pesar de que en su artículo 13 estaba expresamente prohibido el arresto preventivo por incurrir en una contravención, la Policía Federal continuó con su política de detenciones arbitrarias e ilegales. De todas maneras el Código fue muy criticado a través de los medios de comunicación por funcionarios de los poderes ejecutivos nacional y local. Argumentaban que se había creado un vacío legal que le impediría a la policía desempeñar "normalmente" sus tareas preventivas de "lucha contra el delito", con lo cual confundían -¿a propósito?- la misión de un código de contravenciones –la gestión del conflicto urbano- con la problemática delictiva.
VENTANAS ROTAS Y TOLERANCIA CERO
En aquellos años, en Estados Unidos cobraba cada vez más fuerza la teoría de las “ventanas rotas”, que recomendaba luchar contra los pequeños desórdenes cotidianos para así poder combatir al crimen. Basado en esta teoría, el alcalde de New York, Rudolph Giuliani, impulsó su política policial de “tolerancia cero” para con los sectores más bajos del proletariado urbano.
La política de “tolerancia cero” se difundió mundialmente y llegó a la Argentina donde fue recibida con los brazos abiertos. En síntesis consiste en un hostigamiento constante a la marginalidad: es una gestión policial-judicial de la pobreza más molesta –que es aquella que se ve-, y tiene el fin electoral de calmar los temores de las clases medias y altas. Asocia intencionadamente marginalidad con delito para justificar la represión indiscriminada contra aquellos que aparecen invadiendo la ciudad, tomándola bajo su control: “Bandas violentas de limpiavidrios se adueñaron de esquinas porteñas” (Clarín, 30-12-2007).
De esta forma, muchos ciudadanos relacionan la inseguridad que sienten frente al delito con el “desorden”, el “descontrol” y el “caos” en las calles ligados a la presencia de manifestantes piqueteros y/o de limpiavidrios, mendigos, etc. Discursos políticos, como el de Macri, y discursos mediáticos han logrado instalar un generalizado miedo a la pobreza, y simultáneamente intentan invisibilizar las causas y los responsables del empobrecimiento de millones de argentinos.
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