1 de noviembre de 2009

El diablo vuelve a meter la cola

SE FIRMÓ EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA POR LAS 7 BASES MILITARES

El libelo rubricado por Colombia y Estados Unidos lleva el nombre de Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad. El Gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares como asistencia adicional por la firma de este pacto militar. Estados Unidos ha entregado más de 6 mil millones de dólares desde el año 2.000 a esta parte en el marco de la llamada "lucha contra el narcotráfico”. Frente al rechazo de toda la región, las relaciones se tensan cada vez más.

Por Marcelo J. Levy

Con bombos y platillos, el canciller colombiano Jaime Bermúdez anunció estos días el acuerdo firmado con Estados Unidos que permite la instalación de siete bases militares en Colombia.

Pese al rechazo de los países de la región, ambos gobiernos firmaron el convenio que autoriza la presencia en suelo colombiano de al menos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno de EE.UU. La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones en las que los militares estadounidenses ejecutarán sus operaciones.

Es notorio que tamaño acuerdo no haya sido refrendado por el parlamento colombiano. Uribe aclaró que el texto del acuerdo militar no pasaría por el Congreso, según lo hicieron saber el Canciller y el Ministro del Interior al presidente de la Cámara y a los presidentes de las comisiones segundas de Senado y Cámara. Pese a que algunos congresistas de oposición pidieron que se dejara al Congreso revisar el convenio dado que implica el tránsito de tropas por el territorio colombiano, el presidente de la Cámara expresó que esto no era necesario.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, el acuerdo de cooperación militar sí pasará por las manos del Congreso de EE.UU., según lo anunció el embajador yanqui en Bogotá William Brownfield. "Después de firmar un acuerdo ejecutivo, tenemos la obligación de pasar el texto al Congreso y específicamente, a los dos comités de relaciones internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes".

El embajador se refirió luego al tema de la inmunidad de la que gozaría el personal estadounidense que opere en Colombia, uno de los aspectos más polémicos del acuerdo. Aseguró que "se trata de inmunidad, no de impunidad" por lo que recordó que en los diez años que lleva la "ayuda basada en el llamado Plan Colombia", han pasado por el país "alrededor de 10 mil militares de EE.UU." y un número similar de contratistas y que en ese período han tenido lugar "seis casos que sugieren delitos por parte de militares de EE.UU., que afectaban un total de 10 personas".

Si uno no cayera en la cuenta de lo profundamente conflictivo para la región que implican las bases, creería que algunas estas declaraciones son en broma: “Que quede claro, este acuerdo lo que busca es acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia (...), los países vecinos y toda la región pueden estar tranquilos", agregó el canciller colombiano Jaime Bermúdez en declaraciones a la prensa colombiana y consideró que "en la medida en que Colombia sea eficaz en esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, vamos a beneficiar no sólo a todos los colombianos sino a toda la región y al mundo entero".
Pero entremos el texto específicamente. En el Artículo III del citado acuerdo que refiere el "Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad", ambos países se comprometen a "profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente". Nada se dice sobre la naturaleza de esas otras actividades, sólo que son para "enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia". Dentro del preámbulo del acuerdo se justifica su creación para "promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo". Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha instaurado guerras en Irak y Afganistán bajo la excusa de preservar "la seguridad nacional" y desmantelar a "grupos sospechosos de terroristas".
Otro atropello se rubricó en el artículo XVII del convenio, referido a las "Licencias de conducción matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales". Se les otorga una plena libertad a los funcionarios estadounidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión alguna. "Las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de Estados Unidos al personal de Estados Unidos" reza el texto.
El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del Pacto. En este sentido, existirá en territorio colombiano, "personal civil", "personal militar", personal de los Estados Unidos", "contratistas de los Estados Unidos", "empleados de contratista de los Estados Unidos", "observadores aéreos", "partes operativas", "personas a cargo", quienes cumplirán diferentes funciones.
Con respecto a los "observadores aéreos", el acuerdo abre un punto ambiguo en el que establecen la presencia de "terceros" Estados en territorio colombiano, para que participen de las operaciones aéreas como parte del convenio.
"Por 'observadores aéreos' se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen emisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo", refiere el texto.
No sólo se le permite el uso indiscriminado de las siete bases sino que en acuerdo consiente también la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca sin permiso ni especificación alguna. Colombia debe permitir "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas". (Se entiende como partes operativas según el tratado al Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos).
Mediante el acuerdo, Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal colombiano, pudiendo utilizar incluso estampillas estadounidenses.
Estados Unidos también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico de Colombia sin costo alguno, luego de que mediante el acuerdo se le permita instalar estaciones para la difusión de radio y televisión.
El convenio establece una vigencia por un período inicial de 10 años, con posible extensión luego de una previa revisión y acuerdo por las partes involucradas.
El acuerdo es largo y todos podemos acceder a su lectura. Lo que hay que decir es que estuvo, una vez más, firmado a puerta cerrada y de espalda a la opinión pública. Este hecho entra en coincidencia con la nueva doctrina político-militar de los Estados Unidos a través del comando sur y del Departamento de Estado para América Latina. El llamado enfoque inter-agencial que aparece en recientes documentos e impuesto a los gobiernos lacayos como el colombiano, se materializa en la reactivación de la cuarta flota naval de los Estados Unidos, la instalación de más bases y las operaciones contra-insurgentes disimuladas bajo los planes nacionales contra el narcotráfico y el terrorismo.
La instalación de las bases se da después del fracaso del ALCA, en plena crisis del modelo neoliberal y del capitalismo especulativo y con la consolidación de gobiernos anti-imperialista como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. De tal forma Mercosur, UNASUR y el ALBA son manifestaciones del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Estados Unidos ha sido previsible: dos golpes de estado, uno en Venezuela y otro más reciente en Honduras, militarización, promoción del armamentismo y la creación de tensiones en las fronteras de Colombia con sus vecinos. Toda esta política se inscribe en la necesidad imperialista de meter la cola en la región, de retomar las riendas de una dependencia política y económica que en esta última década se ha debilitado de manera notoria.

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